La Fiscalía ha solicitado el archivo del proceso penal que se sigue contra los tres mandos del incendio de La Torre de les Maçanes registrado en agosto de 2012, en el que fallecieron un brigadista y un agente medioambiental. En su informe atribuye lo sucedido a un cambio sorpresivo en el comportamiento del fuego y no a una actuación negligente como argumentan los abogados de las víctimas, que reclaman prisión para los encausados por homicidio imprudente. Las partes están ahora a la espera de que la Audiencia Provincial decida si decreta la apertura de juicio oral.
Tal y como se ha venido informando, fue en agosto de 2012, hace ya más de seis años, cuando el brigadista Emili Abargues y el agente medioambiental Ernesto Aparicio perdían la vida en el incendio forestal declarado entre los términos municipales de La Torre de les Maçanes, Penàguila y Benifallim. En el mismo siniestro también resultaron heridos de diversa consideración, con quemaduras de segundo y tercer grado, otros cinco brigadistas.
Durante el proceso judicial resultaban imputados tres mandos del incendio, concretamente el inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Alicante, Vicente Baeza; un coordinador de Tragsa, Andrés Vicente Pastor; y un sargento de bomberos, Juan Carlos Calles. La causa penal fue archivada inicialmente en septiembre de 2015 por parte del juzgado de San Vicente del Raspeig encargadoi de las diligencias, pero la Audiancia Provincial obligó a reabrirla para que se practicasen unas pruebas solicitadas por las acusaciones particulares, lo que derivó en el procesamiento de los citados mandos.
Ahora se ha sabido que el fiscal de Medio Ambiente de la provincia, Juan Carlos Carranza, ha solicitado el archivo del proceso penal. En su informe, al que ha tenido acceso Efe, descarta que los tres encausados incurrieran en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia que les atribuye el auto del juzgado.
«Tanto las muertes como las lesiones fueron consecuencia de un cambio de comportamiento extremos y sorpresivos del incendio, ante un fuego eruptivo-explosivo que de forma súbita y a una velocidad inusitada y no previsible alcanzó a los brigadistas y al agente medioambiental, antes de que por la ruta de escape obtuvieran el oportuno resguardo», relata.
En este sentido, la «quema de ensanche», un cortafuegos, acometido por los investigados, no tuvo «incidencia en la producción» del citado fuego, ni medió ninguna «actuación negligente» por su parte, añade el fiscal.
Carranza solicita así de nuevo al juzgado el sobreseimiento de las diligencias y, en su defecto, si el juicio llega a celebrarse, reclama la libre absolución de los encausados.
Por contra, los abogados de las víctimas, en sus escritos de conclusiones provisionales, reclaman la responsabilidad civil así como las penas de prisión a las que hubiera lugar por un delito de homicio imprudente. Las acusaciones responsabilizan sobre todo al coordinador de Tragsa y al sargento de bomberos, a los que acusan de desobedecer la orden del jefe del Consorcio, que los había mandado más allá de donde se produjo el incidente, y detenerse a mitad de camino para practicar un contrafuego en un punto inadecuado por la fuerte pendiente y la gran cantidad de vegetación.
Todas las partes están a la espera en estos momentos de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos y decida si decreta la apertura de juicio oral.
