Un juzgado de Alcoy deberá remitir una investigación por la supuesta falsificación de certificados de empadronamiento de ciudadanos marroquíes emitidos por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) a un juzgado de esa última ciudad, segñun ha informado Efe.
Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en un auto, fechado el pasado mes de julio y al que ha tenido hoy acceso Efe, que resuelve el conflicto de competencias entre ambos órganos.
En la causa se investigan supuestos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, cohecho y falsedad de documentos oficiales, por los que fueron detenidos varios marroquíes en la provincia de Alicante.
Esos sospechosos tenían en su poder certificados de empadronamiento obtenidos en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro donde "había sido alterada la fecha de inicio de residencia en España de los solicitantes", según relata la resolución del Supremo.
El atestado inicial de esas investigaciones dieron lugar a un procedimiento en el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad burgalesa, mientras que un atestado ampliatorio posterior, una vez practicados los arrestos, recaló en el órgano homónimo alcoyano.
El titular de este último órgano se inhibió de las pesquisas a favor de su colega burgalés, pero éste rechazó su competencia sobre el caso en una resolución dictada en enero de este mismo año.
La sección primera de la Sala de lo Penal del Supremo ha dado ahora la razón al juez de Alcoy y ha ordenado que la causa sea investigada por el juzgado de Miranda de Ebro.
"Es en ese el lugar donde se ha llevado a cabo la falsificación de los certificados de empadronamiento con los que se obtienen los permisos de residencia", alegan los magistrados.
A juicio del alto tribunal, "no parece razonablemente escindible la investigación de unos y otros hechos" y el atestado ampliatorio "debe seguir igual suerte que el principal".
