El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha un plan de choque para reducir la lista de espera de las viviendas sociales. En estos momentos se está revisando la situación de cada inquilino para detectar los casos que se han cronificado y buscar una solución. Según los datos facilitados por la concejal de Vivienda, María Baca, en lo que va de año han recibido 29 nuevas solicitudes, y esperan en breve ir sacando a concurso las doce primeras.
Los técnicos del departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Alcoy han iniciado un plan de choque para reducir la lista de espera de las viviendas sociales. Según ha explicado María Baca «algunas llevan en alquiler 40 años con contratos que renuevan de forma anual». Esta siatuación, ha insistido, «no puede continuar así», ya que se ha cronificado.
«Queremos que el mensaje vaya cambiando. Las viviendas sociales deben servir para salir de una situación, para ayudar a superar un mal momento, pero no pueden ser para siempre», ha recalcado.
El Ayuntamiento cuenta con un parque de más de 210 viviendas. El precio del alquile, según ha informado la edil, se calcula en función de los metros cuadrados y de los ingresos que tengan las familias que las soliciten. También disponen de 23 en precario, lo que significa que son para personas sin ningún recurso y que solo tienen que hacer frente a los gastos, así como una de emergencia para casos muy concretos.
Este diario ya adelantó que el Consistorio aprobó en julio de 2017 un reglamento con los requisitos y condiciones que deben cumplir las familias para acceder a una vivienda municipal en caso de emergencia, escasos ingresos o jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran emanciparse.
En base a este documento, a principio de año el Ayuntamiento abrió la convocatoria para adjudicar cuatro pisos sociales, pero está previsto que continúen saliendo a concurso viviendas hasta ocupar un total de 12.
Con los primeros beneficiarios «se ha firmado un contrato para que asuman obligaciones», que pasan desde mantener las casas en perfectas condiciones hasta participar en programas de búsqueda de empleo. «Lo que buscamos es que las personas que están pasando por un mal momento encuentren trabajo y no sean dependientes de este tipo de ayudas», ha aclarado María Baca.
En esta línea de reinserción, el departamento ha estipulado que el tiempo en que una familia pueda hacer uso de una vivienda en precario -sin pagar- sea sólo de seis meses, a fin de que se esfuercen en salir del bache.
Con estas medidas el Ayuntamiento espera que la lista de espera disminuya, así como poder ayudar a más personas. En lo que va de 2018 «se han recibido un total de 29 solicitudes de viviendas sociales», ha concluido la responsable del área.
