Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana obliga al Ayuntamiento de Ibi a modificar el texto refundido de la nueva zona industrial del denominado sector PI-2, lo que va a comportar retrasos en este proyecto.
La sentencia en cuestión acepta parte de las alegaciones contenidas en un recurso planteado ante el TSJ por propietarios de terrenos representados por el despacho de José Antonio Muñoz Zafrilla Giner. De hecho, el fallo anula parcialmente el acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Ibi de 1 de octubre de 2012, que aprobó el texto refundido de reparcelación forzosa de este sector, debiendo el consistorio proceder ahora a su modificación.
Las razones por las que se obliga a modificar el texto son errores en las cargas de urbanización aprobadas y en el coeficiente de canje, así como la vulneración de los criterios de adjudicación de las parcelas. También se aprecian errores en las superficies registrales consideradas.
Desde los recurrentes se indica que, a pesar de los numerosos escritos presentados solicitando la suspensión de la tramitación urbanística de la actuación debido al recurso planteado, el Ayuntamiento continuó adelante con todo el proceso. Ahora, apuntan, tendrá que comenzar de nuevo con la reparcelación, «con el retraso que esto supone teniendo en cuenta la necesidad de suelo industrial que tiene Ibi».
Cabe reseñar que el sector PI-2, situado entre las avenidas de la Provincia y Azorín, fue adjudicado hace ya años a una agrupación de interés urbanístico. Su urbanización permitirá crear 43.000 metros cuadrados de suelo industrial, lo cual supondrá un alivio a las necesidades existentes. De hecho, se calcula que la demanda por parte de los empresarios supera en estos momentos los 400.000 metros cuadrados.
Aparte de esta zona, el Ayuntamiento también está tramitando el polígono Alfaç IV, con una superficie de un millón de metros cuadrados a desarrollar en distintas fases, la primera de ellas de poco más de 300.000 metros.
Con todo, la sentencia del TSJ supone un traspiés en los esfuerzos municipales para responder a la demanda empresarial.
