El Ayuntamiento de Alcoy tiene previsto acudir a los tribunales para reclamarle al Consell la titularidad del antiguo Palacio de Justicia. El gobierno municipal, en base al convenio de cesión de terrenos firmado en su día con el Ministerio, defiende que el inmueble de la plaza Al-Azraq debe pasar a manos municipales tras haber dejado de acoger los juzgados. La Generalitat, sin embargo, no comparte esta postura, por lo que el asunto acabará en la vía judicial.
La serie de problemas que se han venido encadenando con el tema de los juzgados no ha terminado con la permuta de inmuebles por medio de la cual el Ayuntamiento recuperará la inversión realizada en el nuevo edificio. Según explicó ayer la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, el gobierno municipal socialista tiene previsto ahora acudir a los tribunales ante la falta de acuerdo con la Generalitat, del mismo color político, para que el antiguo inmueble de la plaza Al-Azraq pase a manos municipales.
El ejecutivo local basa su reclamación en el convenio firmado en su día con el Ministerio, por medio del cual el Consistorio cedió los terrenos para que construyese el Palacio de Justicia. En el documento aparece una cláusula, según la cual una vez transcurridos 30 años desde la firma del acuerdo, tanto el suelo como el inmueble debían revertir en la ciudad en caso de que dejaran de usarse como juzgados.
El asunto, señala Zamorano, ha sido abordado con las direcciones de Patrimonio y Justicia de la Generalitat, pero no ha sido posible llegar a un entendimiento. «La jurisprudencia -destaca- no da la razón a ninguna de las partes, porque hay sentencias favorables a las dos posturas. Es por ello por lo que el asunto acabará en los tribunales».
La concejal también resalta que el edificio de la plaza de Al-Azraq no ha formado parte de la permuta para recuperar la inversión en el nuevo Palacio de Justicia «porque consideramos que ya es nuestro».
Zamorano señala, además, que en la Generalitat son conocedores de que el Ayuntamiento va a llevar el tema a la vía judicial. «Se puede decir que es un paso prácticamente acordado con ellos. Una manera de que sean los tribunales los que señalen quien tiene razón en este asunto», enfatiza.
