Los cambios en la ordenanza, fundamentalmente la obligatoriedfad de realizar pruebas de ADN a los perros, han provocado las críticas de la oposición por la que consideran mala planificación y falta de información. También se ha iniciado una recogida de firmas contra la obligatoriedad del análisis genético.
Desde Guanyar, la concejal Vicky Llácer manifestaba que «la idea es buena, aunque matizaba que «las pruebas de ADN tendrían que ser uno de los últimos pasos, después de una serie de medidas que pasan por la información exhaustiva, la concienciación ciudadana y reuniones con los colectivos afectados para llegar a una propuesta consensuada». En este sentido, Guanyar propone una campaña activa y exhaustiva de concienciación sobre el problema de las defecaciones.
El PP, por su parte, critica que el gobierno socialista no haya llevado a cabo ninguna de las campañas de comunicación que prometió. «Ni campañas de concienciación, ni seguimiento, ni coordinación con la oposición para sacar adelante este tipo de iniciativas», lamenta el edil Nacho Palmer. «Las del PSOE -añade- son políticas de pandereta, mucho ruido pero en realidad no sirven para nada».
Paralelamente, hay que señalar que por parte de un grupo de propietarios de perros se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para expresar el malestar que ha suscitado entre el colectivo la aplicación de los cambios en la ordenanza.
La causa principal de la protesta es la obligatoriedad de practicar la prueba de ADN a las mascotas, al entenderse que no resultará efectiva para los objetivos propuestos. Se considera que se va a obligar a los dueños de los perros ya censados a desembolsar entre 30 y 40 euros por el análisis genético, cuando los excrementos pertenecen en su mayoría a los animales no censados, a los que se seguirá sin poder identificar.
