El Ayuntamiento de Alcoy ha elaborado un reglamento con los requisitos y condiciones que deben cumplir las familias para acceder a una vivienda municipal en caso de emergencia, escasos ingresos o jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran emanciparse. Además, el consistorio ha incluido la posibilidad de que particulares o entidades públicas puedan ceder su piso para uso social a cambio de posibles beneficios.
La concejalía de Vivienda, en colaboración con la de Servicios Sociales, ha establecido las bases con requisitos objetivos para adjudicar las viviendas municipales. «Antes se tramitaba desde Servicios Sociales y habían colectivos que se quedaban fuera», ha explicado la responsable del área, María Baca.
Por ello, el reglamento establece tres grupos diferentes: emergencia social, vivienda social y jóvenes de 18 a 35 años. En el primero entran las familias con relaciones insostenibles por la existencia de malos tratos, desahucios judiciales u otros. Para tal fin, el consistorio destinará un piso y las familias podrán ocuparlo como máximo seis meses, así como mantenerlo en condiciones óptimas de higiene y cuidar tanto el inmueble como el mobiliario.
Las viviendas sociales irán destinadas a unidades familiares de un mínimo de dos personas y que tengan ingresos regulares de entre 7.455,14 y 14.910,28 euros anuales sumando todos sus miembros. Además, deberán estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento, no haber renunciado al plan de empleo ni haber sido beneficiario en los últimos cinco años de una vivienda de protección pública. «Son familias con ingresos, pero que no pueden acceder a los precios de libre mercado, incluidas las personas que cobran el subsidio y con pensiones no contributivas», ha explicado Baca.
Los criterios para adjudicar las viviendas sociales serán estríctamente económicos y en caso de empate accederá la familia con más miembros, las monoparentales y, si persiste el empate, la de mayor antigüedad en el padrón de la ciudad.
Por último, el Ayuntamiento ha querido apoyar a los jóvenes que quieran emanciparse, tengan entre 18 y 35 años y cobren entre 7.455,14 y 14.910,28 euros anuales. No podrán ser más de dos personas y el alquiler será de 3 años.
María Baca ha insistido en que «las familias estarán obligadas a participar en programas de búsqueda de empleo para que su situación no se enquiste». Además, a fin de garantizar el correcto uso de la vivienda, una trabajadora social realizará visitas.
Con el objetivo de incrementar las posibilidades de ayudas, «hemos plasmado la cesión de pisos de particulares o entidades públicas que quieran alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para dar un uso social a éste a cambio de posibles mejoras». La edil ha insistido en que «es una forma de que no hayan viviendas vacías y el Ayuntamiento siempre lo devolverá, como mínimo, en las condiciones en que estaba».
