La Generalitat empezará a pagar el Palacio de Justicia de Ibi ocho años después de su apertura. Así lo anunció ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante su visita a las instalaciones, donde aseguró que ya se ha iniciado la ejecución del reembolso para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo. Los responsables del partido judicial ibense, además, la acompañaron e informaron de los desperfectos que presentan las instalaciones.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se desplazó ayer hasta Ibi para conocer de primera mano el Palacio de Justicia. Acompañada por la juez decana y el letrado de la administración de justicia, así como por el alcalde, Rafael Serralta, y otros miembros de la corporación municipal, la responsable autonómica visitó las instalaciones y se interesó por las deficiencias que presentan.
En este sentido, desde el partido judicial ibense trasladaron a Bravo la necesidad de «reorganizar el personal y establecer los servicios comunes generales junto al decanato, unificarlos y trasladarlos a la entrada para facilitar la accesibilidad al ciudadano», tal y como la propia consellera explicó. Otra cuestión relevante fue «el deterioro provocado por las últimas lluvias», siendo visibles las goteras en la última planta del edificio. La consellera, no obstante, aseguró que desde Infraestructuras «ya están trabajando para dar solución a estos problemas».
La dotación de un nuevo sistema de grabación para realizar videoconferencias fue otra de las peticiones que planteó la juez decana y que Gabriela Bravo aceptó, respondiendo que «vamos a ponerlo en marcha cuanto antes, es fundamental disponer de todos los medios informáticos», ya que, aseguró, «a ellos les facilita el trabajo y a nosotros nos abarata costes».
Si bien la visita de la consellera a Ibi obedece al diagnóstico que Justicia está realizando de todos los partidos judiciales de la Comunidad Valenciana, durante la misma también anunció que «ya se ha iniciado la ejecución del pago» de los juzgados de la villa juguetera, a fin de cumplir con la sentencia del Tribuna Supremo.
Cabe recordar que el coste de la construcción del Palacio de Justicia lo sufragó el Ayuntamiento tras firmar un acuerdo con la Generalitat. La administración autonómica debía reembolsar los más de dos millones de euros, lo cual todavía no ha ocurrido y, recientemente, el Tribunal Supremo obligó a la Conselleria a efectuar el mismo. «Éste es uno de los problemas enquistados que nos dejó el PP y que nosotros nos encontramos ya judicializado», afirmó Bravo.
Por su parte, el alcalde explicó que «nos han asignado ya una cantidad para este año» que asciende, aproximadamente, a la mitad de la deuda. Aún no les han comunicado cuándo se efectuará el pago, pero vamos a esperar «por deferencia por el buen trato que ha habido con la Conselleria». No obstante, Rafael Serralta también apuntó que «si vemos que no se cumple el plazo reclamaremos, pero en principio vamos a dar margen».
El resto de la deuda «nos la abonarán entre 2018 y 2019», aunque, según recalcó el primer edil, «aún no tenemos el plan de pago, nos lo darán después de ingresarnos el primer plazo».
Gabriela Bravo, tras la visita, se reunió con el partido judicial para continuar profundizando en los temas abordados.
