Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana obliga al Ayuntamiento de Castalla y a 64 vecinos a pagar 470.000 euros a la empresa Onil Urbana, que hace 11 años asumió el proyecto de urbanización de la zona de la Llauria.
Los hechos, según ha explicado el actual alcalde, Antonio Bernabeu, se remontan a esa fecha, cuendo no se incluyó en el proyecto de urbanización la instalación eléctrica de la zona. La empresa recurrió para que se incluyera, pero al no lograr sus propósitos presentó una denuncia judicial, alegando que el presupuesto por el que se había adjudicado las obras era inferior al coste real.
En un primer momento los juzgados le dieron la razón al Ayuntamiento por un defecto de forma, pero ahora el TSJ ha fallado a favor de la empresa, obligando al pago de 470.000 euros. Del total, 47.000 euros deberán correr a cargo del Consistorio, y el resto tendrán que ser abonados de forma porcentual entre 64 vecinos afectados.
No habrá recurso
Antonio Bernabeu ha señalado que el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, «porque los abogados nos han manifestado que no tiene visos de prosperar, y supondría añadir más gastos a las arcas municipales».
También ha querido dejar claro que «cuando la actual corporación accedió al Ayuntamiento el caso ya estaba visto para sentencia, puesto que se remonta a muchos años atrás. Ha sido ahora cuando se ha emitido el fallo, que lamentablemente supone un perjuicio para las arcas municipales y los vecinos afectados».
