El alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, ha acusado a PP y UCID de haber instrumentalizado el Ayuntamiento para calumniar a la exalcaldesa y actual teniente de alcalde Maite Gimeno, después de que el Tribunal de Cuentas la haya exculpado en el denominado caso de las bombillas.

Bernabeu recuerda que la demanda fue interpuesta por el Ministerio Fiscal «a raíz de las denuncias formuladas por concejales del PP con su alcalde Juan Antonio Candela Rico, así como por el concejal Juan Antonio Rico Mira de UCID». Todo el proceso, recuerda, partió de «las apreciaciones formuladas por determinadas personas concretas y empleadas del Ayuntamiento de Castalla y con el apoyo y auspicio de los denunciantes del PP y UCID, que consideraban que el volumen de las adquisiciones de material eléctrico y de limpieza era totalmente excesivo, además de haberse adquirido a precios exorbitados y fuera de mercado».

Sin embargo, esta cuestión, añade, «queda clarificada que no fue así, como lo demuestran dos informes periciales independientes, que acreditan que las compras se realizaron a precios competitivos de mercado». De la sentencia, además, destaca que «no encuentra justificación a que se produjera un perjuicio para las arcas municipales. Y por otra parte también ha quedado claro que en un plazo de entre 3 y 4 años, se hubiera consumido la totalidad de los materiales adquiridos».

En opinión de Bernabeu, «se trata de una clara demostración de utilización política y administrativa del Ayuntamiento de Castalla, en un proceso que se ha demostrado injusto y erróneo, plagado de imprecisiones, datos inconsistentes y juicios erróneos, y que ha claudicado en un amplio periodo de tiempo donde se han sucedido graves acusaciones, infundios, calumnias y falsedades contra Maite Gimeno Piña, que ahora se han demostrado totalmente falsas y carentes de fundamento».

Tras lamentar el daño «moral, anímico y familiar infringido de forma injusta», el alcalde destaca que «ha quedado demostrado de que forma muy simple, y con los apoyos necesarios, es posible montar un entramado de acusaciones falsas y difamatorias, que hacen pensar que cualquier persona que quiera participar de la gestión política de su localidad, está en un gravísimo riesgo de sufrir embates y persecuciones».