La Comisión Europea (CE) ha dejado sobre la mesa la posibilidad de abrir una investigación sobre la modificación de la normativa de los parques naturales que permitió tramitar el proyecto de traslado de La Española a la Canal. La solicitud defendida ayer en Bruselas por Ecologistas en Acción y Salvem el Molinar ha quedado abierta a la espera de que se pueda recabar más información.

Representantes de ambos colectivos, por intermediación de EU, acudieron ayer a la comisión de peticiones del Europarlamento para defender la solicitud presentada para que la Comisión Europea tenga en consideración la queja contra la ley de la Generalitat Valenciana que en su momento modificó los planes de ordenación de los parques naturales, dejando sin protección las áreas de amortiguación de estos espacios. La modificación, resaltan, permitió aprobar la actuación territorial estratégica «Alcoinnova», que avala el traslado de La Española a la zona de la Canal.

Marta Mansanet, en nombre de Ecologistas en Acción, destacó ayer ante la comisión que la modificación, sin ningún género de evaluación y sin ningún tipo de participación pública, de 16 planes de ordenación de recursos naturales, «redujo drásticamente la protección de que gozaban nada más y nada menos que 319.280 hectáreas, que representan el 12,39% del territorio de la Comunidad Valenciana». La modificación fue posteriormente derogada.

Con todo, Mansanet destacaba que «si las instituciones europeas permanecen totalmente pasivas ante una violación tan flagrante de sus normas y principios, estarán alentando que casos como el presente se vuelvan a repetir».

Por su parte, Júlia Moltó, de Salvem el Molinar, puso como ejemplo de los efectos de estas modificaciones el proyecto «Alcoinnova», «que -resaltó- pone en riesgo la principal e insustituible fuente de agua potable de la ciudad de Alcoy y destruye terrenos agroforestales que son Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves».

En la sesión se debatió la imposibilidad de que la CE abra una investigación cuando el asunto ya está en manos de los tribunales, aunque también se puso de manifiesto que no es la modificación de la normativa lo que se está valorando judicialmente, sino su consecuencia, que es el proyecto «Alcoinnova». Con todo ello, y en palabras de la presidenta de la comisión, Cecilia Wikström, la petición ha quedado abierta, a la espera de que se pueda tratar de nuevo próximamente.