El Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge han acusado al Gobierno Central de poner en peligro el Alardo de las Fiestas de Moros y Cristianos con la obligatoriedad del permiso de armas. Ambas instituciones alertan que los festeros tendrán que pagar para obtener la licencia y poder participar en las batallas de arcabucería, lo que supondrá un duro golpe para el acto más representativo de la celebración.

Tal y como informó este diario, a partir del próximo 1 de enero todos los festeros que disparen sus arcabuces en los alardes de Moros y Cristianos tendrán que contar con licencia de armas. Quedan por tanto sin vigor las instrucciones sobre autorización de uso de armas aprobadas en 1999, que permitían disparar a aquellas personas que tuvieran carné de conducir, lo que implicaba haber superado un test psicotécnico.

Desde el próximo año, el Gobierno aplicará, sin restricción, el reglamento de armas de 1993, con lo que será obligatorio contar con la licencia para participar en las batallas de arcabucería. Esto supone tener que pagar un nuevo test psicotécnico y las correspondientes tasas, aparte de tener que aportar diferente documentación como certificados de antecedentes penales y sobre violencia de género.

El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, no dudaba a la hora de señalar que «estamos en total desacuerdo con esta decisión precipitada del Gobierno Central, que además contradice la disposición técnica ITE 26 del propio ejecutivo que el próximo año también entrará en vigor».

Para el primer edil, ste tipo de decisiones «afectan especialmente a municipios como Alcoy donde el año participaron en el Alardo dos mil festeros y no a otros más pequeños. La circular del Gobierno pone en peligro el funcionamiento de uno de los actos más importantes de nuestra Trilogía».

En este sentido, Francés manifestó que «esperamos poder tener una reunión con la Delegación del Gobierno para conseguir que esta norma no afecte al Alardo de Alcoy».

Problemas desde Carlos III

Por su parte, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, recordaba que «desde hace años estamos trabajando para adaptarnos a la normativa. Hemos recortado el recorrido, sólo entregamos un kilo de pólvora por festero, y ahora vemos una nueva disposición que pone en peligro el acto más representativo y con el que se empezaron a celebrar nuestras Fiestas de Moros y Cristianos». Cabe reseñar que el Alardo ha tenido problemas con los gobiernos centrales a lo largo de su historia, ya que en 1771 Carlos III lo prohibió debido a las grandes cantidades de pólvora manejadas y la seguridad. En 2002 se limitó a un kilo de pólvora por festero y ahora se requiere que obtengan una licencia de armas. «La ciudad de Alcoy es seguramente una de las que más kilos dispara de la Comunidad Valenciana y también de las que más controles recibe. La Guardia Civil es testigo, año tras año, que en nuestra ciudad cumplimos la normativa rigurosamente, y sin embargo nos ponen un nuevo obstáculo», lamentó Olcina.