El nuevo polígono industrial de Ibi, denominado técnicamente NP-I5 y socialmente L'Alfaç IV, tendrá hoy el pistoletazo de salida definitivo, después de casi una década de polémica y conflictos, incluyendo recursos judiciales que acabaron en el Tribunal Supremo. La corporación ratificará hoy dividir la urbanización de 1,1 millones de metros cuadrados en tres fases, la primera de las cuales tendrá 317.000, a fin de «hacer más viable su ejecución y la inmediatez en la disponibilidad de suelo industrial, que es objetivo primordial de la presente legislatura», según explicó ayer la teniente de alcalde Amparo Pina.
El gobierno del PP de Mayte Parra aprobó en 2007 una ampliación de suelo industrial que suponía ampliar el polígono actual en 1,1 millones de metros. La adjudicación de la urbanización se efectuó a la empresa Intersa, que iba a ocuparse de los trabajos, pero un recurso de los propietarios acabó bloqueando el proceso, que no se pudo reactivar hasta el verano de 2013, cuando el Supremo falló en favor del Ayuntamiento y ratificó el proyecto. Sin embargo, los problemas de la empresa adjudicataria propiciaron que se le acabara retirando la concesión, por lo que el proceso tuvo que reiniciarse.
Ahora, el gobierno del PP/ADIi ha acordado impulsar el plan de manera fragmentada, en concreto en tres fases: la primera de 317.000 metros, la segunda de 443.000 y la tercera de 325.000, con el objeto de agilizarlo. Pina ha significado que «el polígono tiene la misma delimitación, incluye la misma cantidad de suelo y con las mismas clasificaciones y todo el suelo que es industrial sigue siéndolo».
Aparte, la responsable del área de Urbanismo significa que «la ejecución de una de las partes no imposibilita la ejecución simultánea de las demás, con lo que se podrá actuar según demanda de suelo industrial».
Aparte, Pina señala que de esta forma, «se evitará que los propietarios de los sectores que se desarrollen con posterioridad tengan que pagar el IBI de suelo urbano desde el momento que se inicie el polígono, posponiéndose dicha obligación al momento en que realmente se ejecute la urbanización en sus parcelas».
Por último, Amparo Pina explica que el Ayuntamiento ha mantenido contactos con la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, la cual «ha valorado de forma positiva la propuesta».
Sin embargo, en la corporación hay otros puntos de vista, como señala la portavoz del PSOE Susana Hidalgo. «Estamos ante un proceso que dura ya diez años y que se debe a la mala gestión del PP. Hubo denuncias de propietarios que no tenían razón y se acabó demorando todo», explicó ayer a este diario.
Para el PSOE, «habría sido más valiente y más rápido hacerlo como estaba previsto. Al haber más oferta de suelo industrial, el precio no se dispara. Pero si resulta, como dicen, que hay tanta demanda, en este caso ocurrirá al revés». No obstante señala que desde esta formación no se pondrán «palos en las ruedas».
