El 1 de julio de 2012 caducó de forma definitiva la contrata de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Alcoy mantenía con la empresa FCC, que se había adjudicado por diez años con una prórroga posible de dos, que acabó materializándose. Desde aquel día, los pagos por el servicio se están efectuando con un reparo de la Intervención municipal, que obliga al alcalde Antonio Francés a legalizar la operación mediante un Decreto. «Así se han desembolsado más de 15 millones de euros», subraya el portavoz de Ciudadanos, Jorge Sedano.
La situación anómala -desde el punto de vista administrativo- no tiene visos de resolverse a corto plazo, aunque el concejal delegado de Medio Ambiente, Jordi Martínez, ha expresado su intención de que este año pueda estar adjudicada la nueva contrata. En estos momentos, se está redactando un pliego de condiciones técnicas, que derivará en el debate municipal y en la licitación del concurso y posterior adjudicación.
El asunto, no obstante, empezó con polémica, como se recordará, porque los grupos de Guanyar y Compromís denunciaron que la empresa contratada por el gobierno del PSOE promueve concursos que benefician en general a la actual adjudicataria, extremo que se ha negado de forma rotunda desde el gobierno local.
La situación de la contrata de basuras es objeto también de polémica municipal, a la que se ha referido en más de una ocasión el exalcalde Sedano. «Las cantidades suelen variar porque hay servicios complementarios, pero en general se han pagado unos 3,3 millones de euros anuales, por lo que, contando el actual ejercicio, se han superado ya los 15 millones de euros en total», explica.
El proceso cada vez es el mismo. Mensualmente, FCC pasa las facturas, que la Intervención informa negativamente: «...en la actualidad no existe contrato que ampare estos servicios, a pesar de la autorización dada por la Junta de gobierno de 29 de junio de 2012... Dado el importe que representan en relación con la prestación que se realiza de carácter continuado y permanente, requerirían de la tramitación del correspondiente expediente de contratación». Esta situación propicia que el alcalde tenga que firmar un Decreto para validar el gasto.
La gestión del área de basuras y limpieza viaria estuvo a cargo de EU-L'Entesa en la anterior legislatura, de la mano de los ediles Jordi Tormo y Paco Agulló. Primero, un intento de mancomunar el servicio entre las poblaciones de la comarca resultó baldío -en algún caso la duración de su contrata particular impedía el acuerdo- supuso la primera demora. Después, se preparó un pliego de condiciones que, en teoría, iba a separar la limpieza viaria -que pasaría a ser municipal- de la recogida de basuras.
El referido pliego llegó ya en pleno proceso electoral de 2015 y sólo con la parte de las basuras, ya que, como se denunció en su momento, la empresa no había colaborado a la hora de aportar la información necesaria que separara ambas contratas. Desde EU, además, se apostaba por la privatización del servicio de basuras, a pesar de que el pliego de condiciones había sido realizado para un concurso.
Con el gobierno en solitario del PSOE, el edil Martínez asumió el área y este año ha iniciado el proceso con la contratación de una empresa que redacta el pliego de condiciones en que se licitará el servicio, lo que se prevé cumplir antes del final del ejercicio.
Entre tanto, el gobierno del PSOE y Guanyar van a la greña sobre la reponsabilidad de la pasada legislatura. En el último pleno, a preguntas de C's, Martínez descartó cualquier responsabilidad del PSOE, derivándola a EU.
