El Ayuntamiento de Alcoy ha formalizado una doble iniciativa ante el Tribunal de Cuentas en torno al procedimiento abierto para dilucidar los posibles sobrecostes en las obras del Teatro Calderón, ejecutadas por Enrique Ortiz. El exalcalde del PP, hoy portavoz de Ciudadanos Jorge Sedano, debe personarse al igual que seis de sus antiguos concejales, aunque algunos de estos todavía no han recibido la notificación, según ha sabido este diario.
El Tribunal de Cuentas, como se viene informando considera que Sedano, como Amparo Ferrando, Fernando Pastor, Nacho Palmer, Santi Botella, Javier Castañer y Rafael Sanus pudieron cometer una infracción contable, que ha causado un perjuicio al Ayuntamiento de Alcoy, cifrado inicialmente en 164.000 euros pero que podría ampliarse hasta 1.076.000 euros. Esto es consecuencia de los más de 2 millones de sobrecostes propuestos por Ortiz y firmados por el arquitecto-director de las obras, que aprobó la Junta de Gobierno el 22 de diciembre de 2008, integrada por los citados.
La sala había propuesto archivar el procedimiento, tras no detectar irregularidades, pero lo ha reabierto ante la oposición de la Fiscalía. En estos momentos todo parece abocado a un juicio administrativo, pero algunas fuentes consideran que el tribunal aún puede desestimar la petición de la Fiscalía, que debe ser justificada en un escrito a remitir en un futuro próximo.
Entre tanto, van corriendo los plazos y el Ayuntamiento, que recibió el oficio del Tribunal de Cuentas, ha protagonizado una doble iniciativa, según explica la concejal de Régimen Jurídico Lorena Zamorano. Por una parte, se ha personado en la causa en calidad de posible perjudicado, mientras, por otra, ha notificado a la sala que en estos momentos está abierto un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy, que investiga posibles irregularidades en los sobrecostes aprobados para las obras. La denuncia inicial fue por 164.000 euros, pero el gobierno local del PSOE ha pedido que la cifra se amplíe hasta los 1.076.000 euros que han apuntado dos peritajes técnicos efectuados.
«Nosotros lo que pensamos -y así se lo hemos dicho por escrito la sala- es que primero se tiene que determinar si ha habido perjuicio para el Ayuntamiento y por cuánto dinero», agregó Zamorano. «Se tiene que averiguar si está hecho o no lo que se dice que se hizo de más o si se pagó dos veces. Si al final ocurrió así, se podrá determinar el importe exacto, y a partir de ahí tendría sentido la intervención del Tribunal de Cuentas. En caso contrario, podría ocurrir que la sala decretase un perjuicio que luego se descartase en la vía Penal, o al revés», subrayó la edil. Al margen de este criterio, se ha formalizado la personación para seguir el proceso si sigue adelante.
Mientras tanto, uno de los citados, el concejal del PP Nacho Palmer, ha significado que varios de los implicados aún no han recibido la notificación, pero significó que «estamos ante un procedimiento administrativo, como si fue un contencioso; nada de un proceso penal ni nada parecido. Guanyar está pidiendo dimisiones por algo que ocurre en todas partes y que no tiene efecto alguno, más allá de la posible devolución de un dinero en el caso de haber algún problema».
De momento, el proceso en el Tribunal de Cuentas sigue su curso -estos días ha aparecido una notificación en el DOCV- y otro tanto ocurre en el Juzgado de Instrucción número 2, que mantiene como investigados al empresario Enrique Ortiz y al arquitecto-director de las obras. Tanto uno como otro han negado cualquier irregularidad en sus comparecencias, al igual que el exalcalde y los concejales, que siempre han sostenido que los pagos se aprobaron con informes favorables.
