El exgerente del polideportivo de Ibi, Antonio López, tendrá que comparecer ante un jurado popular por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento y blanqueo de capitales, extremo que le fue comunicado ayer en la comparecencia efectuada en el Juzgado número 1 y con el que se cierra la instrucción de un proceso abierto en noviembre de 2011. Ahora, se formalizarán los escritos de acusación y defensa y el asunto irá a juicio, según ha sabido este diario de fuentes cercanas al proceso.
El caso se inició en noviembre de 2011 por una denuncia del entonces teniente de alcalde de Hacienda Miguel Ángel Agüera -que ayer la refrendó-, tras constatar que desde mediados de 2010 no había ingresos del polideportivo, lo que podía suponer un quebranto de unos 100.000 euros. Un vídeo colocado por el Ayuntamiento en la sala de la caja fuerte del polideportivo, que figura como prueba en el caso, reveló al gerente llevándose dinero escondido en los pantalones, que luego no figuraba como ingresado en las cuentas del Ayuntamiento
Ayer, el actual alcalde Rafael Serralta acudió para ratificar la denuncia, en tanto se celebró la comparecencia por la Ley del Jurado con la presencia de todas las partes, en la que López recibió la copia de incoación quedando imputado basándose en esta legislación. Esta situación se produce, indican las citadas fuentes, tras haberse corroborado la acusación de dos delitos de malversación de caudales públicos, a las que se suma otro de falsedad en documento y un tercero de blanqueo de capitales. De hecho, la investigación considera constatado que el citado ingresó dinero en la cuenta de su hija y luego lo derivó a un paraíso fiscal, concretamente en Nueva Zelanda. En conjunto, se le atribuye una defraudación a las arcas municipales superior a los 150.000 euros.
Las fuentes consultadas han significado que la resolución del asunto puede precipitarse, toda vez que la instrucción ha terminado y sólo faltan los escritos de acusación y defensa, que se acometerán en breve. A partir de ahí, el asunto pasará al jurado popular, que decidirá. Hay que significar que el funcionario ha negado siempre cualquier irregularidad.
La investigación, al margen del video, tuvo su punto culminante en abril de 2012 cuando la Guardia Civil detuvo al funcionario y procedió a un registro domiciliario, quedando en libertad horas más tarde. Posteriormente, en marzo de 2013 la entonces alcaldesa Mayte Parra apartó de sus funciones al gerente, suspendiéndole de empleo; desde entonces ha venido percibiendo el 75% de su salario.
