El pleno del Ayuntamiento de Alcoy acordó ayer tarde dirigirse a la Generalitat para exigir el mantenimiento del servicio jurídico de la oficina de atención a las víctimas del delito (Favide), ante los indicios existentes de que se puede centralizar en Alicante. Además, reclama que se refuerce la estructura exigente mediante la contratación de sicólogos y trabajadores sociales especilizados en la atención a este tipo de casos.
El gobierno de la Generalitat confirmó que mantendría la estructura de Favide, como se viene informando, pero existen indicios de que se quiere reorganizar el dispositivo, a través de la centralización en las capitales de provincia de las asesorías jurídicas.
El PP presentó una moción al pleno de ayer tarde, que se convirtió en una declaración institucional al avalarla todos los grupos. La resolución formal apunta solicitar a la Conselleria de Justicia y al presidente de la Generalitat que «no sólo mantenga las oficinas existentes en la Comunidad y especialmente la de Alcoy, sino, lo que consideramos imprescindible, su servicio de asistencia jurídica». En segundo lugar, se apuesta por reforzar la estructura con sicólogos y trabajadores especializados.
En el caso de Alcoy, la oficina atiende todo tipo de delitos, pero con especial atención a la violencia de género, y con competencia en las 28 poblaciones del partido judicial, a las que hay que sumar las de Villena y Ibi.
La oficina de Alcoy ha prestado más de 5.000 atenciones desde que abrió sus puertas en 2004; además, ofrece asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas, pero también a los equipos sociales de base de los ayuntamientos y a la Policía Nacional, Policía Local, hospitales, centros de salud, centros educativos y demás operadores sociales implicados en esta acción.
