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El Supremo admite el recurso por la sobrevaloración de terrenos para el Campus

El Ayuntamiento logra que el tribunal revise en casación la condena del TSJ que obligaría a pagar a la Politécnica

El nuevo complejo incorpora el pabellón deportivo. JUANI RUZ

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación planteado por el Ayuntamiento de Alcoy contra una sentencia del TSJ que condena a pagar a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 2,6 millones por unos terrenos que los técnicos municipales valoraron en 300.000 y que estaban destinados para la ampliación que ha permitido construir el pabellón polideportivo.

El Ayuntamiento y la UPV firmaron un convenio para la ampliación del Campus de Alcoy, que incluyó la expropiación de parcelas en la cumbre de La Beniata, a espaldas del edificio de Carbonell. Esta actuación, consumado en el mandato de Georgina Blanes, conllevó el pago de 400.000 euros por los terrenos expropiados, pero los propietarios recurrieron al estar disconformes con esta cuantificación.

El Jurado Provincial elevó las compensaciones a 1,1 millones, pero los titulares acudieron a la vía judicial, reclamando un total de 4,1 millones. El pasado mes de agosto, como se informó en su momento, dos sentencias de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ daban toda la razón a los propietarios y fijaban una indemnización de casi 3 millones.

El acuerdo plasmado entre el Ayuntamiento y la UPV concreta que esta última asume el coste de las expropiaciones, pero la administración local ya anunció que sería solidaria. De momento, la acción ha consistido en un recurso de casación ante el Supremo contra una de las dos sentencias, concretamente la que obliga a pagar 2,6 millones por unos terrenos valorados en 300.000; la otra se descarta porque la variación establecida es mínima.

El tribunal ha admitido a trámite el recurso en casación, lo cual supone haber superado un importante escollo, según ha explicado la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano. El recurso se ha sustentado en una «unificación de doctrina» a la hora de valorarse los terrenos, que han sido objeto de una cuantificación dispar en este procedimiento.

Hay que recordar que una iniciativa similar del Ayuntamiento por otra sentencia, que le obligaba a pagar 1 millón de euros por unos terrenos valorados en 70.000 euros en el cauce del río Benisaidó, se encontró con la barrera del Supremo, que inadmitió su apelación, corroborando la resolución que había hecho el TSJ.

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