El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha declarado esta mañana durante dos horas ante la juez de Instrucción número 4 de Alcoy, con respecto a la denuncia formulada por el sindicato SIPOL que le acusa de prevaricación administrativa, hecho por el que ha sido imputado, junto a la edil Lorena Zamorano, el exedil Natxo Gómez y un técnico municipal.

Francés ha explicado que ha respondido a todas las preguntas de la acusación, la juez y su defensa, que confía en la acción de la justicia y que se muestra «tranquilo». Posteriormente, ha iniciado su comparecencia la edil Lorena Zamorano, a la que seguirá el antiguo jefe de personal municipal. Mañana declarará Natxo Gómez. El sindicato acusa al Ayuntamiento de arbitrariedad en la puesta en marcha o no de expedientes, según la militancia sindical de los agentes.

Toni Francés ha mantenido que "la denuncia no tiene fundamento".

Francés, la concejala de Personal, Lorena Zamorano, y el técnico antiguo jefe de Personal Luis Molina han sido citados hoy en calidad de imputados por la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Alcoy, Laura Cristina Morell, en relación a una demanda del Sindicato Policías Locales de la Comunitat (SIPOL) por la tramitación de varios expedientes disciplinarios.

El ex concejal de Seguridad Natxo Gómez también deberá declarar imputado aunque ha sido citado para mañana.

Francés ha entrado a los juzgados a las 9.15 horas y a la salida ha relatado a los periodistas que ha contestado tanto a las preguntas de los abogados del sindicato, como a los de la jueza y a su propio letrado, Roque Monllor.

"Han hecho todas las preguntas necesarias para aclarar el expediente y ahora hay que esperar a que la Justicia trabaje", ha manifestado el alcalde, "muy tranquilo" porque "la denuncia no tiene fundamento".

Ha indicado que la jueza ya dispone de "toda la documentación" para que sea estudiada y, a continuación, "actúe en consecuencia", por lo que ha confiado en que la demanda será archivada y, por lo tanto, será innecesaria una vista oral.

La demanda del SIPOL fue interpuesta el pasado marzo debido a que, según argumentan, algunos expedientes disciplinarios de la policía local se habían tramitado y otros no de forma consciente.