El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha eximido a los propietarios de la zona de l'Alamí en Ibi, de pagar 3,6 millones de euros a la empresa urbanizadora La Generala. El fallo, según resaltó ayer la concejal Amparo Pina, da la razón al Ayuntamiento en sus argumentaciones.
Pina recordó que La Generala pretendía cobrar 3,6 millones en concepto de revisión de precios y retasación de costes, algo a lo que se opuso el Ayuntamiento, que consideró que sólo tenía derecho a percibir 11.900 euros por la realización de una prospección arqueológica.
La empresa decidió llevar el asunto a los tribunales, y ahora el juzgado ha emitido un fallo en el que otorga la razón al Consistorio. Según la concejal, «el fallo nos da la razón, sobre la base de que las cuestiones por las que reclama el dinero eran previsibles, y por tanto las tenía que haber tenido en cuenta en un primer momento».
Entre los conceptos por los que reclamaba el cobro se encontraba un convenio con Iberdrola, el soterramiento de una torre de media tensión y el canon de saneamiento. Lo demás son revisiones de precios.
La sentencia judicial también condena a la empresa al pago de las costas, si bien todavía tendrá la opción de plantear un recurso.
Cabe recordar que esta misma semana también se conocía que el Juzgado número 2 de Ibi había archivado una denuncia de la misma empresa contra Amparo Pina, a la que acusaba de haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa.
