El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi ha archivado la denuncia presentada por la empresa Grupo Generala contra la teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo de Ibi, Amparo Pina, a la que acusaba de haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa.
En noviembre de 2004, el Ayuntamiento adjudicaba al Grupo Generala la urbanización de la zona de l'Alamí, con 350.000 metros de superficie, en la que podría llegar a construir hasta mil viviendas, de las que no se ha levantado ninguna. Un contencioso por la urbanización, que no está terminada por el tendido eléctrico, ha hecho que el Ayuntamiento esté gestionando la retirada de la condición de agente urbanizador y la incautación de los avales, por 2,6 millones de euros.
En este proceso, el Grupo Generala estaba intentando la revocación de una resolución de Amparo Pina firmada en julio de 2014, en la que daba diez días a la empresa para reanudar la urbanización y retirar una torre eléctrica provisional, lo cual está siendo estudiado por un juzgado de Alicante.
Paralelamente, la propia empresa presentaba una querella contra la concejal, al entender que pudo producirse una posible prevaricación administrativa, incluso con el ánimo de favorecer a familiares de la propia Pina, propietarios de terrenos en la zona.
La edil defendió la resolución adoptada, resaltando que contaba con informes técnicos y jurídicos favorables, además de con el respaldo de los grupos de la oposición. También dijo que volvería a hacer lo mismo con el objetivo de defender los intereses de generales de Ibi.
El juzgado admitió a trámite la denuncia, por la que Amparo Pina tuvo que declarar como imputada, aunque finalmente la ha desestimado. La sala, en concreto, ha procedido al archivo de la denuncia del Grupo Generala , en una decisión amparada por el propio titular del juzgado y también por el fiscal.
