La urbanización de Serelles, en Alcoy, uno de los proyectos estrella del gobierno del PP de Jorge Sedano, es hoy casi una ruina, salvo para la veintena de chalés acabados y habitados hoy en día. La licencia de obras incorporaba tres fases y hasta 1.500 viviendas, en su mayoría unifamiliares, que probablemente no llegarán a concluirse jamás. La promotora Luxender se declaró en concurso de acreedores, con un pasivo de 30 millones de euros, el Ayuntamiento fue condenado por el Consejo de Ministros a pagar una multa por haber causado destrozos en barrancos durante las obras, y ahora se enfrenta a una reclamación judicial de 15,6 millones de euros por la retirada de la condición de agente urbanizador.
Serelles es, a día de hoy, un auténtico galimatías, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcoy que encabeza Antonio Francés trata de resolver, de la mano de los responsables de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, y Urbanismo, Manolo Gomicia. La urbanización de Serelles fue paralizada por el primer gobierno de Francés -formado por PSOE, Compromís y EU- junto al proyecto de Xirillent Golf y el polígono de La Canal.
En Serelles se había empezado a construir la primera fase, en tanto la segunda y la tercera obtuvieron reparos ambientales por parte de Medio Ambiente; hay que tener en cuenta que gran parte de la actuación está situada en el perímetro de influencia del parque natural Sierra de Mariola.
El Ayuntamiento acabó retirando la condición de agente urbanizador a Luxender, a la vez que se incautó de los avales por importe de 2,5 millones de euros, que servirán para construir el puente de acceso a la urbanización desde la zona de la Piscina Municipal, y un nuevo depósito de aguas. Ambas actuaciones fueron contempladas como mejoras por parte de la promotora, pero no se llegaron a ejecutar. El Ayuntamiento, como ha indicado Gomicia, tienen en estos momentos en preparación el proyecto del puente, que se puede licitar a corto plazo, en tanto el depósito -que también suministraría a la Zona Norte- está en gestación.
Entre todo esto, Luxender, que se declaró en concurso de acreedores a finales de octubre de 2008, ha presentado varias demandas (continuando activa una de las empresas del grupo, Artemisa Granatensis, SA) contra el Ayuntamiento en las que reclama 15,6 millones de euros de indemnización. La mercantil se considera perjudicada y quiere una reparación por los gastos efectuados y los beneficios que no ha obtenido.
La edil Zamorano ha significado que la demanda de compensación sigue su curso, en tanto confía en que la sentencia pueda ser favorable al Ayuntamiento. En caso contrario, podría suponer un grave quebranto para las arcas municipales.
Requisitos
Por otro lado, el Ayuntamiento prepara los proyectos para actuar en la zona y adaptar la urbanización a los requisitos de la condena, por daños generados a los barrancos y a una vía pecuaria, que deberá ser repuesta, según señala Manolo Gomicia. En estos momentos, los técnicos trabajan en fórmulas para dar una solución legal al conflicto, tanto en lo que se refiere a los temas económicos como a las obras que se deben ejecutar. Así, de momento se ha conseguido suspender el pago de la multa, que fue ratificada por el Consejo de Ministros y que supera los 601.000 euros, mientras las reparaciones necesarias alcanzan los 674.000 euros. En concreto, se trata de restablecer la legalidad en cuanto al estado de los barrancos y de la vía pecuaria.
El Ayuntamiento siempre ha expresado su disconformidad con esta resolución del proceso, en tanto que las obras se ejecutaron siempre bajo la supervisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que fue el organismo que al final presentó la denuncia. Los recursos planteados por el consistorio no sirvieron de nada y tanto la sanción como la orden de reposición de la zona acabaron consumando.
