El constructor Enrique Ortiz ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante que se le abone la indemnización de 4,3 millones de euros por la retirada del bulevar, con el superávit del Ayuntamiento de Alcoy de 2014, que alcanzó los 5 millones de euros. El consistorio, sin embargo, ha contestado con un informe de la Intervención, en el que señala que solamente se podría destinar una parte por motivos legales. Además, el alcalde y exconcejal de Hacienda Antonio Francés ha significado que el resto del dinero se ha desembolsado con subvenciones a asociaciones y entidades locales.
El citado juzgado, como se adelantó en la edición de ayer, ha estimado una petición de Enrique Ortiz para que se le indemnice por la retirada del proyecto del bulevar, que el Ayuntamiento había efectuado al entender que había incumplido las condiciones de la contrata y aumentado el coste (que era de 27 millones a pagar en 20 años). Alcoy recurrió al TSJ, que aún no ha fallado, pero el juzgado ha decretado que a Ortiz se le indemnice ya con los 4,3 millones.
De momento, las dos partes han reaccionado y el Ayuntamiento ha solicitado que se le permita abonar la indemnización en cinco años, empezando con 734.000 euros en 2015 y continuando con 812.000 hasta 2019.
Ortiz, por su parte, ha solicitado al juzgado que se le indemnice de manera inmediata con el remanente de tesorería positivo (superávit) que tuvo el Ayuntamiento en 2014 y que alcanzó los 5 millones de euros. El consistorio ya ha contestado al juzgado, indicando que el Ministerio de Hacienda ha obligado a destinar 1,6 millones del superávit a amortizar préstamos, mientras el resto se ha empleado en las subvenciones a entidades y asociaciones. «Acordamos hacerlo de esta manera después de que no se aprobara el presupuesto de este año», manifestó Antonio Francés.
Además, el consistorio ha adjuntado al juez un informe de la Intervención municipal en el que subraya que la ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a destinar parte del superávit a adelantar la devolución de préstamos, según ha aclarado la edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano.
En este contexto, el juez tendrá que decidir si se aceptan las peticiones de pagos parciales efectuadas por el Ayuntamiento, que quiere de esta forma garantizar el mantenimiento de los servicios sin hipotecar las arcas municipales, o si valida la del constructor, obligando a un pago inmediato de la totalidad.
En el consistorio, no obstante, se lamenta que el auto de ejecución provisional no haya obligado al constructor a aportar un aval sobre las cantidades abonadas por el Ayuntamiento, para garantizar su reintegro en el supuesto de un eventual fallo definitivo favorable del TSJ.
