El acuerdo para el traslado de los juzgados de Alcoy a la plaza de la Mare de Déu ha dejado sin nuevo cuartel a la Guardia Civil. El actual Palacio de Justicia de la plaza Al-Azraq, donde estaba previsto que se instalase el instituto armado, continuará siendo titularidad de la Generalitat, que todavía no ha revelado cual será el destino de este inmueble. El cuerpo de seguridad, por tanto, permanecerá en sus instalaciones de la avenida Juan Gil-Albert, pese al avanzado estado de degradación de las mismas.
La Guardia Civil tendrá que seguir esperando, al menos de momento, para contar con unas instalaciones dignas en Alcoy. Han transcurrido años de conversaciones entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento para buscar una solución a las lamentables condiciones en que los agentes realizan su trabajo en el dificio de la avenida Juan Gil-Albert, el cual se encuentra en un evidente estado de degradación por su antigüedad y falta de mantenimiento. Unas negociaciones que también han tenido como objetivo garantizar la continuidad del instituto armado en la ciudad, toda vez que en más de una ocasión se ha hablado de centralizar todo el destacamento comarcal en Ibi. De hecho, Alcoy ya sólo acoge en la actualidad los departamentos del Seprona, Intervención de Armas y Tráfico.
La primera opción que se estuvo barajando pasaba por una operación urbanística que posibilitara la construcción de viviendas en los terrenos ocupados por el actual cuartel, a cambio de levantar unas nuevas dependencias para la Guardia Civil. Sin embargo, la crisis del ladrillo descartó ya hace tiempo esta fórmula.
Es por ello por lo que posteriormente se planteó la posibilidad de que el cuerpo de seguridad quedase ubicado en el actual Palacio de Justicia de la Plaza Al-Azraq, una vez éste se trasladara al inmueble de la Mare de Déu.
Inicialmente, la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Consell impidió esta operación y, ahora que se ha alcanzado, tampoco será posible porque el inmueble de la plaza Al-Azraq continuará en manos de la Generalitat, que todavía no se ha pronunciado sobre el destino que tendrán estas instalaciones.
El alcalde, Antonio Francés, explicaba que para que la Guardia Civil se hubiese instalado en el Palacio de Justicia hubiese sido necesario que el edificio pasase a ser propiedad del Ayuntamiento, pero el acuerdo establece que seguirá en manos de la Generalitat.
Francés reconoció que se deberán buscar otras alternativas, si bien destacó que en estos momentos no hay ninguna clara encima de la mesa «porque la solución no es sencilla».
