Las patronales local y comarcal sumaron ayer sus fuerzas en apoyo al plan industrial de la ATE Alcoinnova de la Española y en contra del recurso judicial, considerándolo como «de regeneración y creación de tejido industrial» y calificando la demanda de «demora innecesaria», por cuanto «cuenta con informes favorables y ha pasado todos los filtros administrativos». El pleno municipal, conforme a lo previsto, avaló el recurso judicial con los votos de PSOE, Compromís y EU, tras un debate intenso.

Después de que el grupo La Española defendiera públicamente el proyecto durante el fin de semana, la Cámara de Comercio y FEDAC se lanzaron ayer al ruedo con un aval sin matiz alguno en favor de Alcoinnova y en contra del gobierno municipal. «Queremos manifestar nuestra disconformidad con todas aquellas actuaciones cuyo objetivo sea dilatar la ejecución de Alcoinnova, un proyecto de regeneración y creación de tejido industrial, que ha cumplido con la legalidad a lo largo de toda su tramitación».

Para ambas entidades, el recurso «sólo comporta una demora innecesaria», a la vez que consideran que «es un proyecto imprescindible de reindustrialización para la ciudad, que aportará empleo y crecimiento económico. Alcoy necesita nuevas intraestructuras que favorezcan el desarrollo de la industria e inversión en I+D, que propicien el mantenimiento y la creación de empleos de calidad. Alcoinnova aporta todo esto. La presentación del recurso constituye una renuncia al proceso de reindustrialización de la ciudad».

Sin embargo, su petición no fue oída, como tampoco la de Fernando Pastor y Jorge Sedano que, esta vez sí, coincidieron a la hora de pedir al alcalde Antonio Francés que fuese valiente e impidiese su aprobación. PP y no adscritos votaron en contra.

El debate, en general, repitió argumentos escuchados ya en diferentes ocasiones en el salón de plenos: defensa de la iniciativa industrial frente a apoyo a la autonomía municipal y al medio ambiente, especialmente al acuífero del Molinar. Las sorpresas llegaron al final. Primero, cuando Pastor reveló que un alcalde vecino del PSOE -Rafael Briet, de Cocentaina- ofreció recientemente 10.000 m2 a una empresa del grupo La Española para ampliar, y segundo, cuando el edil de Urbanismo Natxo Gómez puso sobre la mesa la cuestión urbanística.

En concreto, Gómez significó que los terrenos de La Canal -propiedad de La Española - están valorados en unos 10 millones de euros, mientras que los de Pagos salían a la mitad, a unos 15 euros por metro cuadrado. «Y sin problemas ambientales. Pueden disfrazarlo como quieran [refiriéndose al PP], pero la propiedad es el único criterio que vale», dijo.

Antes de esto, Sedano «de exalcalde a alcalde» había solicitado a Francés que se «plantase»; Estefanía Blanes, de EU, había incidido en el «atentado al territorio, al medio natural y al agua de nuestro pueblo» que supone la iniciativa, y Paco Blay, de Compromís, en que «la vía judicial es el único camino que el Consell deja al Ayuntamiento».

El PP reiteró que «hay más de 20 informes favorables y ninguno prohíbe el proyecto», resaltando el comunicado de FEDAC y la Cámara y criticando que el alcalde se haya negado a negociar.

Gómez indicó que hay dos informes municipales contrarios, uno que cuestiona la ubicación y otro que subraya que «el proceso es claramente ilegal», mientras el alcalde cerró la hora de debate admitiendo que «es un día triste para un alcalde tener que llevar a la Generalitat a un contencioso». Al respecto, incidió en que «el Consell ha forzado la situación, midiendo los tiempos para buscar rentabilidad electoral».

Por último, Francés reiteró que «hay que actuar por responsabilidad, y en defensa de la seguridad jurídica de La Española y de las empresas que quieran invertir».