El Ayuntamiento de Alcoy tiene otro frente abierto en los tribunales, que puede acabar complicando su situación financiera, aunque en este caso también involucraría a la propia Universidad Politécnica de Valencia. En el marco del proceso para la ampliación del Campus, se desarrolló un plan especial con el fin de habilitar una amplia zona verde, que se ubicaría desde el jardín del Conservatorio hasta los nuevos edificios universitarios. Para ello, según explica la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, era necesario conseguir la propiedad de terrenos circunstantes, zonas verdes en algunos casos y parte de la ladera de la Beniata en otros.
En conjunto, se trata de parcelas con una superficie global de 6.300 metros cuadrados, por lo que se pagaron 350.000 euros; en realidad, el desembolso económico ha estado a cargo de la Universidad Politécnica de Valencia. Todo este plan tiene como finalidad habilitar una zona verde de uso público, tanto para los universitarios como para la sociedad en general, aprovechando el jardín del Conservatorio Municipal y las zonas verdes colindantes.
Sin embargo, los propietarios han expresado su rotunda oposición a la cantidad abonada, lo que ha derivado en dos procesos judiciales, que al final se han unificado en uno ante una sala de lo contencioso-administrativo. Los propietarios, en concreto, han rechazado los 350.000 euros y como compensación reclaman el abono de 4,2 millones de euros.
«El plan especial que se elaboró para la ampliación del Campus incluía terrenos que afectaban a fincas colindantes del Conservatorio de Música; al expropiarse y calificarse como zona verde, era necesaria una expropiación que el Ayuntamiento fijó en 350.000 euros. Los propietarios no estuvieron de acuerdo, por lo que recurrieron a la Junta Provincial de Expropiación, que ha elevado al cantidad a 1,1 millones», explica Zamorano.
Los titulares tampoco han quedado conformes con esta asignación por lo que han presentado el contencioso ante los tribunales, reclamando 4,2 millones de euros como valor adecuado, a su juicio, de estas propiedades. El Ayuntamiento impugnó la decisión del Jurado Provincial, «porque con algunas cosas estábamos de acuerdo y otros no. También recurrió uno de los propietarios, pero al final el jurado se ratificó en lo que había dicho inicialmente, por lo que todo ha acabado en los tribunales», agregó la edil.
El Ayuntamiento considera «muy excesiva» la cantidad reclamada por los propietarios, dado que «hablamos de bancales en la mayor parte de los casos». Además, existe el temor de que los tribunales acaben aceptando la valoración hecha por el Jurado Provincial y disparen la indemnización. Hay que el consistorio pagó 70.000 euros por unos terrenos en el cauce del Benisaidó, afectados por un proceso legal similar, y que los tribunales han acabado fijando la compensación en 1,2 millones de euros. Este es uno de los motivos de que los presupuestos municipales de 2014 se estén retrasando, ya que el consistorio ha tenido varios reveses económicos similares.
En este caso, además, habría complicaciones añadidas, ya que «el plan especial lo promueve la Politécnica, pero como la universidad no puede expropiar, la función la asumió el Ayuntamiento». En consecuencia, un incremento de la compensación a los titulares correspondería asumirla a la universidad, que únicamente presupuestó los 350.000 euros referidos.
El Ayuntamiento, de cualquier manera, confía en una resolución favorable del proceso judicial, aunque Zamorano subraya que «estamos vendidos a los tribunales», en referencia a los reveses sufridos en indemnizaciones en los últimos tiempos.
Este proyecto, de cualquier manera, podría suponer, una vez materializado, la culminación del proceso de implantación del Campus en el centro de Alcoy, después de la reciente apertura de los dos edificios de servicios.
