El Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante ha admitido a trámite una demanda del grupo La Generala contra el Ayuntamiento de Ibi y los propietarios de suelo en la zona de l'Alamí, en la que reclama 3,5 millones de euros más por los trabajos de urbanización que atribuye a trabajos efectuados de más y sobrecostes. El Ayuntamiento descarta radicalmente esta pretensión y, de acuerdo con los informes técnicos, como máximo contempla 958.000 euros por trabajos previstos inicialmente, sobre todo en cuestiones eléctricas.

El proceso de l'Alamí ha alcanzado su décimo aniversario y lo ha hecho volviendo a los juzgados, un marco del que nunca se ha acabado de ir. En enero de 2004, el gobierno de Ibi -por entonces liderado por Mayte Parra y formado por concejales del PP y ADIi- impulsaba la urbanización del área de l'Alamí, a la salida de la población hacia Castalla, con una superficie de 350.000 metros cuadrados y una previsión de construcción de 1.100 viviendas. El 17 de febrero de 2004, el grupo La Generala presentaba su oferta, que el 8 de noviembre le adjudicaba el pleno. La publicación por este diario de un informe que detallaba que se había otorgado a la oferta más cara acabó provocando la salida de ADIi del gobierno y generando una polémica que está lejos de haberse terminado.

El presupuesto de licitación de las obras fue de 16 millones y se adjudicó a la Generala por 12,3 millones. Los trabajos se ejecutaron y los juzgados desestimaron la práctica totalidad de demandas, legalizando la concesión.

Ahora, la Generala ha vuelto a los juzgados y se le acaba de admitir, según ha sabido este diario, una demanda contra el Ayuntamiento y los propietarios de suelo, en la que reclama hasta 3,5 millones de euros más por retasaciones y obras hechas de más. La empresa intentó que el Ayuntamiento se lo aprobara, pero la pretensión fue descartada el pasado verano, en base a los informes técnicos.

La concejal de Urbanismo, Amparo Pina, ha explicado a este diario que «el Ayuntamiento le ha desestimado la revisión de previos y se le ha estimado alguna retasación», por un montante total de 958.000 euros. Sobre todo, se han admitido las referencias al convenio con Iberdrola, el canon de saneamiento y un modificado del soterramiento de la línea.

Al desestimar su planteamiento general el consistorio, la Generala recurrió a los juzgados, habiéndose admitido a trámite su demanda por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, según ha confirmado este diario.

Hay que significar que la urbanización está terminada en un 95%, según refleja el informe técnico, que no se ha llegado a construir ni una vivienda -por la crisis del ladrillo-, y que la empresa ha incumplido los plazos para su ejecución. Además, tampoco ha materializado las medidas complementarias que propuso, consistentes en un polideportivo y la urbanización de parte de la Avenida del Juguete. Desde la oposición se ha subrayado que estas mejoras fueron «fundamentales» para que se le otorgara la contrata, en detrimento de las demás ofertas, por lo que han criticado permanentemente al PP por no exigir su ejecución.