Tres semanas después de que el alcalde de Alcoy decretara el cierre de la planta de transferencia de basuras de Sembenet, la propietaria, la empresa pública Vaersa, ha solicitado formalmente la licencia para proceder a su reapertura, según ha informado el concejal de Medio Ambiente, Jordi Tormo. La planta fue clausurada tras doce sentencias que la declaraban ilegal y cumpliendo una orden del Tribunal Supremo, pero ahora la legislación ha cambiado y es posible su legalización, extremo que dependerá de los informes que se elaboren en los próximos meses.

Alcoy instaló en Sembenet la planta de basuras, asignada a la zona XIV de residuos, en un proceso que inició el Ayuntamiento en 1998 -con un gobierno PSOE-EU- y que fue materializado por el posterior del PP. Los vecinos de la zona iniciaron de inmediato un proceso de reclamación, alegando que no era posible la instalación porque la ley la vetaba a menos de 2.000 metros del casco urbano y en una parcela que el PGOU catalogaba como de protección de bordes urbanos. Lo primero era irresoluble -el Institut Pare Vitòria está en línea recta a 700 metros-, pero lo segundo se trató de solventar a través de una modificación del PGOU. Sin embargo, en una unanimidad algo inhabitual, los juzgados les han dado toda la razón a los vecinos, que han conseguido nada menos que 12 sentencias favorables en otros tantos fallos. Las sucesivas licencias que otorgó el Ayuntamiento y los recursos municipales y de Vaersa han sido tumbados uno tras otro, hasta que el Supremo ordenó el cierre.

Ahora, explicó Jordi Tormo, la legislación ha cambiado «y es posible legalizar la planta», sobre todo porque el Plan de Residuos de la Generalitat le otorgó «cobertura» a través de la zona XIV. Con del fin de recuperar la instalación para su actividad, Vaersa ha solicitado al Ayuntamiento la licencia para la apertura de las instalaciones. «Ha aportado el proyecto técnico y efectuado la solicitud; ahora vamos a ver si es o no conforme y adecuada a la normativa legal y si, en consecuencia, se le puede conceder», indicó el edil.

Este proceso estará a cargo del departamento municipal de Ingeniería, que se encargará de solicitar los informes necesarios, previsiblemente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Conselleria de Territorio, que deberán pronunciarse al respecto.

Posteriormente, una vez recabada toda la documentación necesaria, los servicios técnicos elaborarán el informe definitivo. «El gobierno municipal decidira en base a los informes», agregó el concejal de Medio Ambiente.