Los jueces de Alcoy, a través de su decano, solicitaron ayer a las administraciones competentes, o sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento, una solución urgente a las pésimas condiciones laborales que registran en la actualidad, bien sea a través de una remodelación integral del edificio o de su traslado. De hecho, el conseller Serafín Castellano se desplazó por la mañana al edificio, donde anunció una "inmediata" reforma integral -aunque no aportó previsión alguna de fechas- y arremetió contra el Ayuntamiento por haber "roto el acuerdo" para la nueva sede del Partido Judicial.
Tras la entrevista con el conseller, el juez decano Javier Santolario expuso con absoluta nitidez la necesidad de que las administraciones competentes determinen si los juzgados "se trasladan o no a otro punto o si se arreglan", en cualquier caso para dotarlos de "condiciones adecuadas para el trabajo". Tras reconocer la "voluntad" del conseller, admitió que la intervención en el edificio "también dependerá de los planes urbanísticos". En cualquier caso, solicitó que "si se hace un proyecto de reforma, hay que ver si cabe el cuarto juzgado, que está en la calle Gabriel Miró", lo que genera inconvenientes diarios al tener que trasladar a pie los detenidos. "Esto es insostenible", comentó, en tanto hizo hincapié en la situación que vive también la Fiscalía, "con tres fiscales en despachos de muy pocos metros cuadrados".
Castellano, precisamente, se había desplazado hasta el Palacio de Justicia de Al-Azraq para entrevistarse con los jueces y anunciar una amplia intervención en el edificio. "Vamos a hacer una reforma para mejorar las condiciones", indicó, aunque señaló que los técnicos han apuntado las dificultades de incrementar el espacio -esto es, ampliar la superficie disponible-, a causa del plan de urbanización de la plaza que prepara el Ayuntamiento. El conseller incidió en que "los técnicos van a preparar un plan de reforma interior, que nos permita ganar espacio y solucionar los temas fijados por la Inspección de Trabajo", que ha dictaminado, como se viene informando, que el edificio se encuentra en deplorables condiciones para desarrollar la actividad laboral.
El responsable de la conselleria señaló también que una vez efectuado el anteproyecto, se redactará el proyecto y se licitarán las obras, todo "lo más rápido posible", aunque no aportó fecha alguna. Acerca de una eventual intervención para solucionar problemas inmediatos -los urinarios llevan una semana sin funcionar, por ejemplo-, no dio respuesta concreta alguna.
En cambio, Castellano sí fue muy claro a la hora de responsabilizar directamente al Ayuntamiento de Alcoy de la situación generada. "Había un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat para el edificio de la Mare de Déu, habilitado ex profeso para palacio de justicia y en el que la conselleria ha invertido 735.000 euros, pero el Ayuntamiento ha roto el acuerdo y dice que no quiere hacer una permuta y que dedicará el edificio a otros usos".
Más adelante, el conseller incidió en "lamentar la nula colaboración del gobierno municipal en un servicio público esencial, en lo que supone un perjuicio importante al Partido Judicial de Alcoy. La conselleria ha invertido en el nuevo edificio y le pediremos al Ayuntamiento que devuelva el dinero a la Generalitat". Por último indicó que "hasta los vecinos" apoyaban el nuevo palacio judicial.
Hay que significar, por último, que el juez decano también reclamó que se tenga en cuenta la situación de los trabajadores durante las obras, ya que tendrá que seguir prestándose el servicio a los ciudadanos y efectuándose las guardias y demás servicios. Santolario tigualmente reivindicó que la remodelación otorgue dependencias adecuadas a los colegios de abogados y procuradores; aún reconociendo que el edificio es "pequeño" y el espacio "limitado", apuntó la posibilidad de utilizar el patio interior para nuevas dependencias, en el caso que no sea posible una ampliación.
