La urbanización del área de Serelles, en Alcoy, se está convirtiendo poco a poco en el principal quebradero de cabeza para el actual Ayuntamiento, que probablemente tendrá que hacer frente a inversiones millonarias para subsanar las deficiencias. Con apenas una semana de diferencia, el gobierno PSOE-Bloc-L'Entesa ha visto cómo el Consejo de Ministros refrendaba una sanción de 601.000 euros por daños al Barranc del Cint y cómo el Tribunal Supremo obligaba en una sentencia a rehacer gran parte de la urbanización.

El 29 de julio de 2005 el pleno del Ayuntamiento aprobaba, merced a la mayoría absoluta del PP y entre amplia oposición social, dos proyectos de alta trascendencia: la construcción de 500 chalés y un campo de golf en Xirillent, y de 500 viviendas unifamiliares más en Serelles, ambas zonas situadas en la Sierra de Mariola. La primera actuación no ha llegado a realizarse, mientras la segunda sí que empezó a ejecutarse con rapidez. No obstante, para el área de Serelles se preveían hasta 1.000 casas más, en otras dos fases que se paralizaron temporalmente por cuestiones ambientales.

El formato de Serelles se configuró enseguida, al urbanizarse las calles con un gran impacto ambiental tras otorgarse la licencia. Poco después, se acometió la construcción de las primeras viviendas -que se vendían a precios de la época del máximo "boom" del ladrillo-, un proceso que se complicó muchísimo cuando las tornas económicas empezaron a girarse. De hecho, la promotora Luxender SL se declaraba en concurso de acreedores en octubre de 2008, lo que además prácticamente bloqueaba las obras.

De hecho, muchos de los compradores renunciaron y reintegraron su avales, pero otros no lo hicieron y finalmente pudieron ocupar sus viviendas, hace aproximadamente un año. En estos momentos, de las 1.500 viviendas previstas, hay acabadas alrededor de media docena y habitadas seis. Será difícil que a corto plazo se construyan más, dada la coyuntura económica y, sobre todo, las trabas que están surgiendo.

En las últimas semanas, han surgido dos contratiempos de primer nivel, que abren una gran incertidumbre acerca de cuál va a ser el futuro de esta zona. Por una parte, el Consejo de Ministros ha ratificado una sanción de 601.000 euros al Ayuntamiento y Luxender, por daños causados al ecosistema del Barranc del Cint durante las obras; la sanción es solidaria, por lo que es posible que la tenga que abonar el consistorio. El gobierno municipal va a recurrir.

Aparte, el Supremo ha rechazado un recurso de Luxender, con lo que ya es oficial que las vías pecuarias no pueden ser utilizadas para el tráfico ni computadas como zonas verdes, lo que presumiblemente obligará a rehacer toda la urbanización. El Ayuntamiento dispone de un aval de la empresa de 3,5 millones, con el que tendrá que hacer frente a la multa y también a las consecuencias de la sentencia del Supremo, pero, aparte, tendrá que construir el puente de acceso y el depósito de aguas que debió haber ejecutado la empresa y no hizo. En medios municipales se teme que no haya bastante dinero para todo y que el consistorio tenga que acabar rascándose el bolsillo.

Por su parte, La Colla Ecologista La Carrasca ha expresado su satisfacción ante el hecho de que la Justicia le haya dado la razón, después de sus alegaciones hubiesen sido sistemáticamente desestimadas por el gobierno del PP de Jorge Sedano. Desde su punto de vista, es el momento de las responsabilidades. "Vamos a exigir al actual gobierno que depure las responsabilidades de los políticos y los técnicos que avalaron la actuación que ha sido catalogada como ilegal. Restaurar la legalidad generará unos gastos que no tiene que pagar el pueblo de Alcoy; los que lo tienen que hacer son los que han ocasionado el desastre de Serelles. La impunidad se tiene que acabar por el bien de todos".