Otro duro golpe a la política urbanística que desarrolló el PP durante sus once años de gobierno en Alcoy. La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado la licencia de obras de los dos edificios de la Estambrera, porque el Ayuntamiento no incluyó un informe preceptivo de la Conselleria de Cultura sobre su impacto en el puente de San Jorge. La resolución judicial no tendrá efectos prácticos, al menos de momento, ya que aunque el Ayuntamiento no se plantea recurrir, sí que es factible que lo haga la promotora Miragolf, que en todo caso podría pedir más adelante una nueva licencia de obras.
El portavoz y el coordinador de EU, Paco Agulló y Diego Fernández, respectivamente, difundieron ayer el fallo judicial, consecuencia de una demanda interpuesta por esta formación en julio de 2008. El gobierno del PP pactó con la Estambrera -una tradicional industria textil- la recalificación a residenciales de sus terrenos al lado del puente de San Jorge, para financiar su traslado al extrarradio; la empresa acabó cerrando por la crisis, pero el pago municipal acabó sirviendo para indemnizar en parte a los trabajadores. La Estambrera concretó con Miragolf la construcción de dos edificios junto al puente, que suscitaron honda polémica, porque incluso superaban la altura de la plataforma.
El TSJ ha desestimado la demanda de EU en cuanto a anular el estudio de detalle e integración paisajística, al entender que la demanda se presentó fuera de plazo, pero sí ha suspendido la licenica de obras, otorgada el 2 de junio de 2008. La medida se justifica en que "falta un informe o autorización ambiental de la Conselleria de Cultura, porque el puente de San Jorge forma parte del BIC del casco antiguo", explicó Agulló. En un farragoso razonamiento jurídico, el tribunal detalla que casco antiguo está declarado conjunto histórico-artístico, que el puente forma parte de su entorno y que al no haberse hecho un plan especial de protección, "el informe de Cultura era preceptivo", explicó el portavoz.
El abogado de EU, el letrado José Luis Romero, precisó ayer a este diario que "este mismo argumento es válido para los argumentos que habíamos denunciado, aunque dos se hayan descartado por un razonamiento discutible. Lo que está claro es que estos dos edificios estaban legitimados por un acto administrativo ahora anulado, por lo que son ilegales". Romero, y también Agulló, recordaron que se pidió la paralización cautelar de las obras, que el tribunal denegó, pero advirtiendo de que siempre, de ganarse el caso, podría pedirse la demolición de "lo incorrectamente construido".
El Ayuntamiento, según señaló Agulló, no va a recurrir la sentencia, pero todo apunta a que sí lo hará la promotora Miragolf, que fue demandada. Esto aplazará cualquier resolución hasta que se produzca un fallo del Tribunal Supremo. "La restitución de la legalidad puede pasar por demolición de algunas alturas del edificio", algo que EU se plantea solicitar, indicaron Agulló y Fernández, en referencia a la parte que supera la plataforma del puente.
La promotora, asimismo, puede solicitar una nueva licencia de obras, "que tendría que estar ajustada a la legalidad", argumentaron. Agulló reconoció que la solición de este conflicto puede resultar problemática.
