El caso Ardystil no ha terminado. Hoy, día en que se cumplen 20 años del fallecimiento de Isabel Miró, primera de las seis víctimas de fibrosis pulmonar provocada por las aerografías textiles, los afectados, mujeres en su mayoría, siguen padeciendo secuelas, tomando medicación y acudiendo a revisiones sanitarias periódicas; además, el proceso judicial aún no está cerrado y de hecho el próximo día 29 hay un juicio en el TSJ en el que parte del colectivo reclama el pago de los gastos de sus abogados a la Generalitat.
"Llegué a tener un 45% de capacidad pulmonar y ahora tengo un 80%. No puedo hacer esfuerzos y tengo una vida limitada", explica María del Carmen Figuerola, antigua trabajadora de Ardystil. "Poco a poco volvemos a la normalidad, pero nunca nos recuperamos del todo; las secuelas son para toda la vida", aclara Amparo Pascual, madre de una afectada y portavoz del colectivo desde 1992.
Hay secuelas que son de otro tipo. "Yo cuando entro y salgo de casa les digo hola y adiós a mis hijas", explica Chelo Ragues, madre de Yovana y Soraya González Ragues, también operarias de la citada fábrica y que murieron en mayo y agosto del 92. El 16 de octubre de aquel año funesto falleció Andrés Méndez -de Aeromán- el 19 Milagros Lucas y el 4 de noviembre, Josefa Parra.
La Audiencia de Alicante dictaminaría, el 30 de junio de 2003, que la dueña de Ardystil cometió un delito contra la seguridad de los trabajadores y que un inspector de trabajo, otro de imprudencia temeraria; el Supremo, no obstante, rebajaría esta última pena a una falta, multándolo con 500 euros, manteniendo además la responsabilidad civil subsidiaria de la Conselleria de Trabajo, pero sólo para los afectados de Ardystil, no para los de las restantes aerografías. Otros seis empresarios fueron condenados a penas simbólicas por faltas de imprudencia.
Estas sentencias provocaron que del centenar de afectados, solamente los 26 de Ardystil y los familiares de sus cinco víctimas accedieran a las indemnizaciones, unos 2,5 millones de euros en total, pero los 46 restantes reconocidos en el juicio fueron excluidos, una decisión que incluso refrendó el Tribunal Constitucional. Así, los familiares de Méndez no han percibido ni un euro, según ratifican fuentes cercanas al proceso.
Transcurridos 20 años, la memoria sigue intacta y los principales perjudicados tienen un regusto amargo, a pesar incluso de la compensaciones percibidas. "No es el dinero, es la impotencia, lo mal que lo hemos pasado. Queremos atención y saber la verdad, porque todavía no se sabe qué pasó exactamente en las aerografías, y también queremos que los políticos vivan un día lo que ha pasado cualquier familia nuestra", afirma Pascual. La causa del síndrome quedará en el aire, quizá para siempre, aunque se atribuye al uso inadecuado de productos químicos, que al ser usados con pulverizadores acabaron generando algún tipo de gas venenoso -se llegó a apuntar el fosgeno-, especialmente en el seno de la fábrica de Ardystil. La Generalitat prohibió a toda prisa esta actividad textil, que generaba en su época 5.000 millones de pesetas al año.
"Yo tengo impotencia y rabia", amplía Chelo Ragues, que con su colaboradora y vecina Ana García, trabajan para que la llama no se extinga. "Ya le hemos escrito a Rajoy y Zapatero nos felicitó por preocuparnos de lo nuestro, pero nada más", comentan. Al conseller de Economía Gerardo Camps le telefonearon 14 veces, pero no cogió el teléfono ni una vez. ¿El motivo? Que las Cortes Valenciana acordaron por unanimidad en 1992 cubrir los gastos judiciales de los afectados, algo a lo que ni los gobiernos de Zaplana ni de Camps han accedido. "Con Fabra, ni lo vamos a intentar, porque tenemos dignidad", remata Pascual.
De Lerma tienen buen recuerdo -"vino a Cocentaina para hablar con nosotras"- y también de Carmen Moya, directora general de Salud Pública, pero los mejores son para Virtudes López, presidenta del tribunal de la Audiencia. "Esta señora -para ellas, "la jueza"- es mención aparte, es la persona que mejor nos ha tratado", subraya Ragues, independientemente de que la sentencia tuvo sus luces y sus sombras. "Para nosotras, Picher -el encargado de Ardystil, que fue absuelto- siempre será responsable", amplía Ragues.
La vida sigue y el colectivo, oficialmente, no suele reunirse, pero "Cocentaina no es muy grande y nos encontramos por las calles o Chelo viene a mi casa y charlamos", comenta Pascual. El tiempo transcurrido, sin embargo, no ha contribuido a empañar los recuerdos del drama que se vivió en el 92, cuando las chicas de Ardystil iban muriendo una tras otra. "Isabel se puso enferma por Navidad y cuando murió, todo el mundo tosía y sacábamos sangre por la nariz, pero no le dábamos importancia; éramos muy jóvenes", afirma Chelo Valls. "Fuimos todas al entierro, donde el suegro nos dijo que eso era de la fábrica y lo tomamos por loco", agregó.
Pese a ello, en esas mismas fechas, Sanidad empezó a sospechar que algo no iba bien y empezó a citar trabajadores de Ardystil para hacerles radiografías. "Ya sospechaban algo, pero lo taparon", matizó Figuerola. Las hermanas Yovana y Soraya también estaban entre las enfermas. "Yovana se levantó un día -recuerda su madre- y le cogió un ataque de tos que no cesaba, y me decía que todas estaban igual. Fuimos al Hospital y a ella y a Carmina se las llevaron este mismo día a Valencia; el mismo día de su entierro, su hermana Soraya se fue a Alemania a una clínica de la que había oído hablar muy bien", y de la que volvió dentro del féretro. "Yo estaba en Pamplona, con Gemma", informa María del Carmen.
"Íbamos a lo que conocíamos, porque en aquel momento nadie sabía qué pasaba", apostilla Amparo Pascual. A Susana Javaloyes la enviaron a Burdeos, donde sería objeto de un doble trasplante pulmonar en enero del 93 que le salvaría la vida y "entonces todas pedimos ir a Burdeos, pero Joaquín Colomer -el conseller de Sanidad- dijo que no y a toda prisa habilitaron una zona de trasplantes en la Fe", que, de hecho, se ha convertido en centro de referencia para este tipo de operaciones.
El resto ya es historia, o presente. "Tomo pastillas para el dolor y siempre vas con cuidado para no resfriarte", explica Chelo Valls, una de las supervivientes. Otras, no han tenido tanta suerte como la que ha fallecido tras padecer un tumor y la que puso fin a su vida. "A unos les afecta de una manera y otros de otra, es el problema de no saber qué es lo que va a pasar", apostilla Pascual.
La propietaria de la empresa cumplió dos años de prisión
La única consecuencia penal práctica, al margen de las indemnizaciones de la Conselleria de Trabajo, ha sido la pena de 2 años de prisión que ha cumplido la propietaria de Ardystil, Juana Llácer, que pasó dos años en la prisión de Picassent a partir de julio de 2005, tras haber desestimado sus recursos el Tribunal Supremo. Llácer en el juicio afirmó que se había tenido que ir de Cocentaina -vive en l'Olleria- porque se había sentido "acorralada" y que la pena que le pudiesen poner, "la llevo cumpliendo desde 1992", es decir, 11 años antes del juicio. Chelo Ragues echa de menos "que se hubiese disculpado, aunque yo estoy convencida de que ella quería pero su abogado no la dejó, por razones de estrategia de cara al juicio".
