El juzgado de Instrucción número 2 de Ibi ha imputado a cuatro guardias civiles por los delitos falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público, tras una por AUGC que recibió un anónimo en el que avisaba de un hecho presuntamente delictivo que formaba parte de una supuesta trama de corrupción.
Manuel Martínez ha explicado en rueda de prensa este viernes los hechos acaecidos en el cuartel de la Guardia Civil de Ibi, cuya investigación judicial ha finalizado la fase de instrucción. El juez ha dado traslado a las defensas, la acusación particular --AUGC--, y la Fiscalía para que presenten sus escritos de calificación.
Así, hay cuatro miembros del Instituto Armado imputados, en concreto dos sargentos, uno de ellos sargento comandante del puesto interino; un cabo y un guardia han sido detenidos e imputados por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público. No obstante, para el guardia, una mujer, la AUGC solicitará la absolución, al considerarla "absolutamente inocente".
Los hechos, según ha relatado, ocurrieron en mayo de 2010, cuando la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) recibió un anómino en el que explicaba que los mandos del cuartel de Ibi (Alicante) presuntamente habían participado en la apropiación de un dinero, concretamente 325 euros, incautado a un detenido por la Policía Local. Al negarse la persona que estaba redactando el atestado, supuestamente lo manipularon y borraron esa cantidad.
Al conocer los hechos, la AUGC envió un escrito al coronel jefe de la Comandancia de Alicante, quien "con buen criterio ordena la investigación de estos hechos por la Policía Judicial de Villena". Manuel Martínez ha querido "felicitar al coronel y a los compañeros de la Policía Judicial, primero de Villena y después de la Comandancia de Alicante, porque aun enfrentándose a estos guardias de Ibi, han logrado realizar un trabajo muy profundo".
Según indica el auto, el "jefe accidental del área de Investigación del puesto principal de la Guardia Civil presuntamente les pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, ya que este podría venirle bien al puesto".
Así, según añade, "ante el asombro de la agente requerida, éste le dijo que hiciese lo que considerase oportuno". De este modo, aunque "en las actuaciones originales se constató la existencia del dinero (...), se sustituyeron para incorporar otras que silenciaran que entre los efectos personales de los detenidos había cantidad monetaria alguna".
"Cuando el detenido fue puesto en libertad por la autoridad judicial echó en falta, entre sus efectos personales devueltos, la cuantía de 300 euros, sin que nadie pudiese explicar qué había pasado con el dinero. No fue hasta dos meses después, concretamente el 24 de mayo, cuando esa cantidad fue restituida e ingresada en la cuenta del juzgado", apunta el auto, quien señala que la guardia conocía estos hechos y que "no procedió a denuncarlos a pesar de que, por su profesión, tenía obligación legal de hacerlo".
A este respecto, Martínez ha asegurado que no ingresaron la cantidad exacta, sino una de menor cuantía, y lo hicieron al tener conocimiento de las investigaciones.
Previamente, según el auto, y "tras descalificar las diligencias de la Policía Local, el comandante en jefe interino las rompió y, por ello se le remitió al juzgado un atestado que no contemplaba las actuaciones elaboradas por este cuerpo".
YESO POR COCAÍNA
Este fue el hecho que motivó la investigación de la policía judicial ordenada por el coronel jefe. A partir de ahí, el juzgado averiguó otros hechos, como el supuesto cambio de cocaína decomisada en una operación por yeso y el presunto robo de una consola de videojuegos incautada por parte del jefe accidental de Investigación, entre otras.
Además, según el auto, en abril de 2010 dos guardias pusieron una denuncia administrativa contra el propietario de un pub de Ibi por permisividad en el consumo de droga. El comandante en jefe interino los llamó "pidiéndoles si podían retirar la denuncia, ya que el padre del denunciado era conocido" suyo.
Según el auto, "ante la negativa de los agentes, éste destriyó u ocultó las actas de infracción referidas, impidiendo que siguieran el cauce administrativo habitual. A pesar de que sí se registraron con número de salida, los agentes pudieron comprobar cómo en la carpeta de expedientes se daba el salto del 636 al 639 y faltaban justo los relativos a este pub".
Tambén alude el auto a una detención ocurrida el 10 de abril de 2010, en la que la Guardia Civil decomisó "una importante cantidad de dinero en billetes de 50 euros". El jefe accidental del área de Investigación contó 1.658,11 euros. Sin embargo, dos agentes contaron "dos filas de 20 billetes de 50, lo que hace un total de 2.000".
"Lo cierto es que en la fotografía que se incorporó al estestado sobre los efectos intervenidos pueden llegar a contarse 1.700 euros, lo que tampoco concordaría con la reseña inicial realizada", apunta el auto, por lo que el juez ve "los indicios racionales para pensar que se pudieron haber intervenido 2.000 euros", por lo que podría haberse alterado "el contenido del atestado, por parte de su instructor, para posibilitar la apropiación de la diferencia entre lo constatado y lo efectivamente en el registro".
Martínez ha asegurado que al conocer el inicio de las averiguaciones, los tres mandos investigados, empezaron a "cruzar denuncias" contra el coronel jefe y los compañeros de la policía judicial. En algunas de ellas, incluso, "se llegaban a acusar ellos mismos para denunciarlos". La mayoría de estas denuncias, según Martínez, "se han archivado, pero todavía colea alguna".
En estos momentos, están de baja por enfermedad los dos mandos superiores, mientras que el cabo y la guardia civil están prestado sus servicios con normalidad, según ha precisado.
