El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha emitido una sentencia a través de la cual obliga al Ayuntamiento de Alcoy a abonar una indemnización de un total de 101.467 euros a cuatro vecinos a los que les derribaron las viviendas de las que eran propietarios en el casco antiguo. Las casas estaban situadas en el área de Barbacana y la Placeta Les Gallines, y quedaron afectadas por un proyecto de reparcelación forzosa.
Los hechos se remontan al 11 de agosto de 2006, cuando la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobaba definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa de esta zona del casco antiguo, con el objetivo de contruir nuevas viviendas.
La medida propició el derribo de las casas situadas en esta zona, por lo que algunos vecinos presentaran una demanda solictando la nulidad del proyecto de reparcelación y reclamando unas indemnizaciones justas. La denuncia ha ido siendo desestimada, hasta llegar al TSJ, que la ha aceptada en el apartado de la valoración de las viviendas.
El alto tribunal considera que mediante la aplicación de los valores catasatrales de Alcoy, tal y como hizo el Ayuntamiento, "no se obtiene el coste real de reposisición de las edificaciones concernidas, puesto que este método valorativo no tiene en cuenta el estado particular de aquellas edificaciones en atención a su concreto estado de conservación y antigüedad". Por el contrario, la sala considera que las tasaciones aportadas por los apelantes "sí determinan el valor de reposición de las aludidas construcciones, tomando como referencia el valor del mercado en el momento cercano a la fecha a que ha de venir referida la valoración". Así, impone unas indemnizaciones que en su conjunto suman 101.467 euros para cuatro vecinos propietarios de tres viviendas.
Una de las afectadas, Emilia Belén Castellanos, a la que le corresponden 30.150 euros, mostraba su satisfacción por la sentencia, recordando que "lo he pasado mal en todo este tiempo para poder costearme un piso de alquiler". Castellanos también agradeció el apoyo de su abogado y de EU.
Inseguridad
Los vecinos del número 20 de la calle San Lorenzo, que vienen manteniendo un pleito con el Ayuntamiento por la reforma de la casa, han denunciado su preocupación por la seguridad de los viandantes ante el estado de ruina de los inmuebles 3 y 5 de la calle Mossén Torregrosa.
Los vecinos señalan que la situación de ruina fue declarada el pasado 30 de diciembre -tres días después de que ellos expresaran su preocupación al Ayuntamiento-, y que desde entonces el propietario no ha adoptado las medidas de protección requeridas para evitar la caída de cascotes. Los propios vecinos de San Lorenzo 20 recuerdan que una de las casas en ruina era propiedad de la familia del concejal del PP Rafael Sanus, y que fue permutada a un promotor.
