La actividad en los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción de Alcoy se ha disparado en más de un 50% en los últimos años, como consecuencia del aumento de casos civiles registrado por causa de la crisis económica. Este crecimiento, que partía de unas cifras ya muy elevadas, no ha ido acompañado de la decisión de crear nuevas salas, a pesar de las demandas efectuadas desde diferentes instancias, incluido el Colegio de Abogados, la Fiscalía de Alicante y el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Los juzgados de del Partido Judicial de Alcoy tramitaron en 2008 una media de 850 casos civiles por año, según ha explicado el secretario de la sala decada, Oscar Ludeña. Esta cifra, como ha venido informando este diario, supera con creces los módulos de actividad recomendados por el Consejo General del Poder Judicial en sus informes. Por ello, ya en 2007 el TSJ solicitaba entre sus prioridades en infraestructuras la creación de un nuevo juzgado de instrucción para el Partido de Alcoy.

La carga de trabajo, sin embargo, se ha acrecentado en los últimos años, ya que cada sala tuvo que encargarse en 2010 de más de 1.300 casos civiles, lo que supone un 54% más de labor, sin contar, además, con los asuntos penales y con el Registro Civil y la Violencia de Género, tareas de las que se ocupan de forma específica los juzgados 1 y 3, respectivamente.

La acumulación progresiva de casos económicos ha provocado un deterioro de la eficacia judicial, ya que este incremento no se ha correspondido con una mayor dotación de medios, o de nuevas salas. Todo ello, según se relata insistentemente desde diversas instancias judiciales, está provocando una progresiva dilatación de los tiempos de tramitación de los asuntos, a pesar del esfuerzo diario de los profesionales.

Desde que en 2005 se pusiera en marcha el juzgado número 4, que se reclamó durante 17 años, se ha venido reivindicando la implantación de la quinta sala de instrucción, sin resultados positivos por el momento. El Colegio de Abogados de Alcoy ha sido especialmente combativo en esta labor, pero el TSJ lo incluyó en su informe anual de 2006 al considerarlo necesario; en balances posteriores, sin embargo, la reivindicación se ha omitido.

Por ello, en estos momentos los juzgados están haciendo frente a una lluvia de casos generados por las crisis en las empresas o las reclamaciones judiciales por impagos (sobre todo, de hipotecas), sin que todo ello se haya complementado con mayores recursos en infraestructuras o personal.

Hay que significar que a la reclamación del quinto juzgado de instrucción se ha sumado también la de un juzgado Penal, que ha impulsado de forma entusiasta la Fiscalía de Alicante, y que tendría competencia sobre Alcoy, Ibi y Villena. La medida tampoco ha prosperado por el momento ni ha encontrado respaldo entre los abogados de los dos últimos partidos judiciales.

Tampoco se ha logrado recuperar los juicios de lo Social, a pesar de que se ha intentado durante más de una década, bien a través de la creación de un juzgado propio, bien de la itinerancia de magistrados.

Tampoco llegan las nuevas dependencias

El mundo judicial no atraviesa un momento boyante en Alcoy, dado que las carencias en cuanto a nuevas infraestructuras se suma el retraso que se ha producido en cuanto a la puesta en marcha de la nueva seda, para la que por el momento tampoco hay fecha. Los nuevos juzgados tenían que estar operativos desde hace más de 40 meses, tal y como se viene informando, pero sucesivas vicisitudes los han ido demorando. Este proyecto lo asumió el Ayuntamiento de Alcoy, que decidió costear la financiación, y propició la rehabilitación del histórico edificio de la plaza de la Mare de Déu. Una vez culminado y cuando ya se pensaba acometer el traslado de las dependencias, los jueces señalaron que éstas eran insuficientes para acoger los cuatro juzgados e instalaciones complementarias, como la Fiscalía, el archivo o el Colegio de Abogados. Esto provocó que se construyera un edificio anexo en el que, esta vez sí, si caben todas las instalaciones requeridas, aunque el exiguo espacio habilitado para el archivo está obligando a efectuar una destrucción masiva de piezas de convicción y archivos, que en parte deberán ser trasladados a Alicante. En estos momentos, la Generalitat Valenciana está efectuando el cableado interior del edificio, mientras el gobierno del PP del Ayuntamiento trata de materializar un acuerdo con el Consell para que se firme un convenio que garantice la devolución de las cantidades invertidas en el proyecto. M. C.