Un auto de la sección tercera de la Audiencia de Alicante ha cerrado el caso de la suspensión de pagos y posterior quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy. La resolución del tribunal, según ha podido saber este diario, desestima el recurso que había interpuesto la exsubdirectora general Mercedes Llopis Candela contra su ingreso en prisión.

Mercedes Llopis, como se había venido informando, fue condenada por un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta) a una pena de 3 años de prisión, al igual que Jesús Lidiano Llopis, director de la sucursal e hijo del director general Jesús Llopis Ferrer, que a su vez fue penado con cuatro años. Jesús Llopis permaneció en prisión seis meses y Jesús Lidiano ya estaba en la cárcel por otros motivos.

La exsubdirectora general solicitó un indulto que le fue denegado por el Ministerio de Justicia y, a continuación, reclamó a la Audiencia sustituir la pena de cárcel por una multa o trabajos en favor de la comunidad, atendiendo, sobre todo, al tiempo transcurrido desde los hechos.

La Audiencia ha desechado su solicitud con un auto en el que expresa que no ha lugar a la sustitución de la pena de privación de libertad, a la vez que decreta el ingreso en prisión para el cumplimiento de la condena, que se formalizará en la prisión que la afectada decida.

Esta resolución, de cualquier forma, pone punto y final al larguísimo periplo judicial de la crisis de la Caja de Crédito de Alcoy, que se inició el 23 de julio de 1993 al solicitar la entidad una suspensión de pagos que dos años más tarde se convertiría en una quiebra que concluiría en el cierre de la entidad. Alrededor de 1.500 personas, muchas de ellas de avanzada edad, perderían sus ahorros en mayor o menor medida, a consecuencia del agujero generado, que se cifró en unos 3,5 millones de euros, de los que los implicados han recuperado una parte.

La tramitación de la suspensión de pagos y la quiebra resultaron complejísimas y el juicio no llegó hasta 2008, es decir, cuando habían transcurrido quince años. Ahora, en febrero de 2011, la parte judicial ha terminado.