Un policía local de Castalla se enfrenta a una multa de 30.000 euros y a tres años de inhabilitación de empleo público por cobrar sobornos del dueño de un pub de la localidad a cambio de hacer la vista gorda en las partidas de cartas ilegales que organizaba en el establecimiento. El funcionario será juzgado la próxima semana que viene por un jurado popular en la Audiencia Provincial acusado de un delito continuado de cohecho. También se sentará en el banquillo el responsable del local, aunque la propiedad era de su esposa. El fiscal pide para este último una multa de 4.500 euros, también por un delito de cohecho.

Los hechos se remontan desde el año 2006 al 2008. Según el escrito de acusación del fiscal, el agente pedía al responsable del local que le pagara 1.500 euros al mes o le amenazaba con tomar medidas para que le cerraran el local. El ministerio público sostiene que el agente era conocedor de que en el local se organizaban partidas de cartas contrarias a la normativa vigente en materia de juego. Si le pagaba el dinero exigido se evitaría problemas de redadas y de denuncias por parte tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil.

El dueño del local accedió al pago de mil euros al mes, dinero que estuvo abonando durante 18 meses. Finalmente, el responsable del bar acabó denunciando los hechos ante las autoridades y el 29 de abril de 2008 hizo el último pago. Los agentes encontraron el dinero en poder del funcionario, que acababa de recoger en el citado local. El juzgado de Instrucción número dos de Ibi abrió una investigación, que ha motivado esta vista oral.

El juicio se celebrará a partir del próximo 5 de julio en la sala de jurado de la Audiencia alicantina y tiene previsto un máximo de tres días de duración. El cohecho es una de los delitos para los que se prevé la intervención de un jurado popular.