Los afectados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy celebraron anoche una asamblea, rutinaria en principio, pero que se convirtió en un acto en el que el colectivo expresó su indignación por la reciente excarcelación del que fuera director general, Jesús Llopis, tras haber cumplido una condena de 6 meses de los 4 cuatro años que le correspondieron como autor de un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta).

Mientras el abogado Luis Ferrer, que representa al colectivo, explicó los detalles que se conocen hasta ahora de la excarcelación, los portavoces de los afectados trasladaron la desazón que tienen en estos momentos los antiguos clientes de la entidad. "Acabar así después de 17 años esperando justicia no es justo", explicó Juan José Llinares, mientras Caty López apunto que "tenemos una condena de la Audiencia y otra firme del Supremo que no han servido para nada". Por su parte, Enrique Rodes indicó que se están efectuando averiguaciones para conocer el alcance exacto de los avales que ha presentado el ex director para salir de la cárcel de Villena.

"En principio pensábamos que podía haber sido para cubrir la responsablidad civil, que es de 2,3 millones de euros, pero ahora creemos que ha sido para atender algo de tipo penal. En los próximos días esperamos saber más", agregó Rodes. Aparte, indicó, al igual que el abogado, que se están haciendo gestiones ante la Audiencia de Alicante para determinar los motivos precisos que han conducido a la libertad, y poder definir un recurso. El abogado señaló que una vez se conozcan las causas exactas se podrá definir una estrategia, mientras trataba de explicar a sus clientes -bastante enfadados, en general- que la ley permite la excarcelación anticipada, incluso sin notificación previa a la Audiencia.

Por otro lado, indicó que el juzgado de Alcoy que tramitó la quiebra está trabajando para determinar el montante preciso de la responsabilidad civil de los tres condenados. En estos momentos únicamente está en prisión Jesús Lidiano Llopis, hijo del director general, mientra que Mercedes Llopis tiene suspendida la condena, a la espera de que se pronuncie el Gobierno sobre la solicitud de indulto que han efectuado.

Por último, los afectados han descartado cualquier tipo de demanda civil contra el consejo rector.