Los afectados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy oscilaron ayer entre la estupefacción y la indignación al conocer, a través de INFORMACIÓN, que el director general Jesús Llopis Ferrer ha quedado en libertad tras cumplir 6 meses de la condena de cuatro años de prisión que por insolvencia punible (quiebra fraudulenta) le había impuesto la Audienica de Alicante y ratificado posteriormente el Tribunal Supremo.
El que fuera máximo responsable de la Caja de Crédito de Alcoy, que suspendió pagos en 1993 y luego quebró con un agujero de unos 700 millones de pesetas, dejando sin sus ahorros a unos 1.500 clientes, ingresó en prisión en octubre, tras denegarle la suspensión cautelar del cumplimiento de la condena a la espera del indulto que ha solicitado al Gobierno Central; su hijo y encargado de la sucursal, Jesús Lidiano Llopis, condenado a 3 años por idéntica causa, sigue en prisión, y su sobrina y subdirectora general, Mercedes Llopis, que recibió la misma pena, sí obtuvo la cautelar, por lo que está en libertad a la espera de una resolución del Ministerio de Justicia. A Jesús Llopis se le ha concedido ahora la cautelar atendiendo a su edad y a que ha presentado avales para cubrir su responsabilidad civil.
Los afectados, tras reponerse de la sorpresa inicial, empezaron a contactar ayer con sus abogados, con el fin de analizar la situación y definir una estrategia. En primer lugar, según explicó el portavoz Enrique Rodes, "vamos a estudiarlo todo y a comprobar que el ordenamiento jurídico permite que pueda quedar en libertad; si es así, lo aceptaremos, pero a regañadientes. Nosotros habríamos querido que hubiese cumplido la pena íntegra, porque ya se la habían menguado dos o tres veces, acogiéndose a dilaciones con las que nosotros no teníamos nada que ver. No nos gusta que vuelva a sonreír por las calles porque es un agravio comparativo hacia las personas que siguen sufriendo por su culpa y no han recuperado su dinero", agregó.
Por ello, los abogados de los afectados van a analizar la decisión de Vigilancia Penitenciaria de poner en libertad al ex director general, "y si se puede recurrir, se hará", subrayó Rodes. Tambien "vamos a analizar con detalle qué ocurre con los avales que ha presentado, y a intentar averiguar cuánto dinero nos toca y cuándo lo podremos cobrar".
El colectivo de afectados confía en concretar su estrategia judicial inmediata a lo largo de la próxima semana.
