El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy está investigando las cuentas del Ceder-La Montaña de 1993 a 1995, en el contexto de un proceso por una supuesta malversación de un millón de euros por la que están imputados sus máximos responsables: el que fuera presidente José Marset, ex alcalde de Cocentaina; el gerente, Marcos Llorens, que fuera concejal en la citada población, y el actual titular de l'Alqueria d'Asnar y diputado provincial, Jaume Pascual. La sala, según ha sabido este diario, ha nombrado un perito judicial para analizar las cuentas después de haber conseguido la entrega de la documentación, que estaba depositada en el consistorio de la Villa Condal.

Los orígenes de este complejo asunto se remontan al período entre 1993 y 1995, aunque judicialmente el denominado "caso Ceder" surgió en 2001, cuando la Diputación de Alicante presentó una denuncia para tratar de esclarecer lo ocurrido con 1 millón de euros, que se habían "perdido" al no haberse justificado debidamente.

El Ceder La Montaña se ocupó de gestionar las ayudas de la CE del plan Leader, destinadas al desarrollo rural. Al término del proceso, y una vez analizadas las cuentas y los balances, la UE dictaminó que existían gastos sin justificar por importe de un millón de euros, por lo que se dirigió al Ceder para que devolviera este dinero. El organismo decidió presentar un recurso a esta decisión, y lo hizo por la vía de lo contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, justificando dónde estaban las cantidades aludidas. Los responsables del Ceder, sin embargo, se encontraron con un fallo contrario, al ratificar la Audiencia que el dinero faltaba y que se tenía que devolver.

Como quiera que la entidad carecía de fondos, y además ya se había disuelto al haber cubierto su ciclo, los bancos avalistas de las operaciones -el Banco de Alicante, hoy BBVA, y la CAM- así como la propia Diputación tuvieron que hacer frente a su ejecución y, en consecuencia, desembolsar el millón de euros, a requerimiento de la Agencia Tributaria. El impago de este millón de euros, como se informó en su momento, habría derivado en que España no recibiera más ayudas europeas de los planes Leader, que siguen en la actualidad.

La Diputación, bajo el mandato de Julio de España y Miguel Peralta, acabó amparándose en la sentencia de la Audiencia Nacional para presentar una denuncia contra los antiguos responsables del Ceder La Montaña, que ha acabado en la admisión y tramitación, por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy, de una causa penal por malversación de caudales públicos y falsedad documental, contra sus tres máximos responsables, Marset, Llorens y Pascual, así como contra cuatro alcaldes de pequeñas poblaciones de la zona que formaron parte del consejo rector.

Según ha podido saber este diario, la instrucción ha dado un salto cualitativo en los últimos tiempos, según han explicado fuentes cercanas al caso, al haber reclamado y obtenido el juzgado toda la documentación contable del Ceder La Montaña entre los años 1993 y 95, que estaba depositada en el Ayuntamiento de Cocentaina. Todos estos documentos han sido entregados a un perito económico, que a partir de ahora va a analizar minuciosamente las cuentas, para tratar de determinar exactamente qué ocurrió con la financiación.

En estos momentos, resaltan las citadas fuentes, el proceso sigue adelante, y se encuentra inmerso en plena fase pericial. Los imputados plantearon en su momento el archivo de las diligencias, al considerar que no se efectuó hecho punible alguno, pero se ha negado la medida por parte de la sala, contando con el apoyo de la Fiscalía, que también entiende que se tiene que continuar con las pesquisas. También hay que significar que están personadas como acusación particular una de las entidades bancarias que resultaron perjudicadas y la propia Diputación, que según ha podido saber este diario, ha intentado en algún momento dar marcha atrás, sin resultado por la propia naturaleza del proceso.

De cualquier forma, los años transcurridos y la elevada carga de trabajo de los juzgados de Alcoy han provocado que se estén analizando ahora cuestiones ocurridas hace más de 15 años, y que no exista perspectiva de que pueda llegar el juicio a corto plazo.