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a Caja de Crédito de Alcoy concedió préstamos por valor global de 100 millones de pesetas (600.000 euros); a varios miembros de una familia alcoyana, con la que directivos tenían vinculación comercial, en base a un aval consistente en unos terrenos en Alfaç del Pí que se ha podido comprobar no existen, según revelaron ayer dos síndicos de la quiebra durante la tercera jornada del juicio en la Audiencia, que fue la de más corta duración hasta el momento.
La comparecencia de los testigos, en este caso de la acusación particular, comenzó con la presencia en la sala de los tres síndicos de la quiebra. Los dos primeros, Caty López y Juan José Llinares, coincidieron al revelar la existencia de una serie de préstamos de la Caja de Alcoy a diversos miembros de una familia, por un montante de 100 millones de pesetas, avalados por unos terrenos en Alfaç del Pí que no hace mucho tiempo se ha constatado no existen. "Fuimos allí y encontramos chalés habitados desde hace años", manifestó la primera.
De hecho, la propia defensa del director general Jesús Llopis admitió esta situación, pero matizó que los terrenos estaban inscritos en el Registro de la Propiedad, por lo que el mandatario de la Caja de Alcoy fue "engañado". A su juicio, esto demuestra que no otorgó el crédito "por las buenas".
Los síndicos insistieron en que existió vinculación comercial entre esta familia y directivos de la Caja de Alcoy, que compartían sociedades, como ya se había puesto de manifiesto durante el interrogatorio al director general el día anterior. Además, explicaron que se está investigando si en este caso ha habido una doble inmatriculación y, en tal situación, quién es el titular principal. Los abogados, señaló Caty López, van a concretar de que manera se actúa en este caso, cuya averiguación es reciente. También precisó que la falta de documentación ha impedido formalizar más recuperaciones de créditos, unos papeles que -según precisó el abogado Luis Ferrer- ya faltaban de origen, cuando el juzgado intervino la Caja de Alcoy.
La cuestión de la concesión de créditos fue objeto de crítica por parte de ambos síndicos, especialmente de Llinares, que indicó que "tenían muchas deudas sin garantías; ninguna en muchos casos y en otras, de risa. También había descubiertos en cuenta corriente sin garantías".
Tras la sesión, Caty López manifestó que "había montones de créditos que no cumplían las garantías" y que en determinados aspectos "el tiempo ha jugado a nuestro favor", ya que algunos inmuebles que han podido ser subastados y vendidos han "duplicado o triplicado su valor" en los años transcurridos.
Los afectados, a preguntas de las defensas, señalaron que se ha recuperado un 18% de capital y que en 1994 se obtuvo una "ayuda social" de la Generalitat Valenciana superior al 40%, que cobró una parte del colectivo.
La defensa de Jesús Llopis hizo hincapié en que los miembros del consejo rector -una de las cuales tenía depositados 14,5 millones de pesetas- no resultaron beneficiados ni por el reparto del dinero recuperado ni por la subvención oficial.
