T odos los directivos de la Caja de Crédito de Alcoy han negado las imputaciones formuladas en el proceso judicial, a la vez que han expresado su inocencia y solicitado la libre absolución, según reflejan los escritos de defensa remitidos al Juzgado de Instrucción número 1, a cuyo contenido ha tenido acceso a este diario.
La única excepción, por el momento, la ha protagonizado la antigua subdirectora general, cuyo defensor -el letrado Marcos García Montes- solicitó al juzgado una prórroga de 90 días para el trámite de calificaciones, alegando falta de tiempo para formularlas. El juez titular ha rechazado esta pretensión y concedido un tiempo extraordinario de 20 días para presentar el escrito de defensa.
Los restantes procesados, sin embargo, han remitido al juzgado sus escritos de defensa en los plazos marcados por el juez, con la coincidencia general de proclamar su inocencia. Los acusados, según ha sabido este diario de fuentes cercanas al caso, han negado con rotundidad las imputaciones formuladas, a la vez que han proclamado su inocencia. Por ello, solicitan su absolución en el juicio que se celebrará próximamente. La mayor parte de los acusados, ademas, han propuesto pruebas para la vista oral en la Audiencia, cuya oportunidad deberá ser decidida por el juez instructor.
Esta fase del proceso, que quedará completada cuando se remita el escrito de defensa de la subdirectora general, prácticamente cierra toda la tramitación del sumario, por lo que podría ser remitido a la Audiencia de Alicante a muy corto plazo. No se espera, sin embargo, que el juicio pueda celebrarse antes del próximo año.
En el acto de apertura de juicio, como se recordará, el juez decidió sentar en el banquillo a los tres máximos directivos y a los ocho miembros del consejo rector, a los que se imputa un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta); y para los que la Fiscalía pide 30 años de prisión y 2,6 millones de euros en indemnizaciones.
La acusación particular apunta otros delitos y eleva la petición de penas para el conjunto de los directivos hasta 216 años de cárcel.
