Los problemas entre el restaurante Villa Antonia, un conocido establecimiento de Sant Joan d'Alacant, y el Ayuntamiento de la localidad, se han convertido en un conflicto interminable. La polémica no ha dejado de perseguir a la actividad que desarrolla la finca, señalada por varias comunidades de vecinos ante el «exceso de ruidos y malos olores» durante muchas noches. Ahora, el escenario se ha complicado aún más, ya que el Ayuntamiento ha aprobado la suspensión de la actividad del negocio y la revisión de «oficio» de su licencia, ya que, según el consistorio, «Villa Antonia lleva años sin presentar el programa de actividades que justifican su licencia, que se considera de restaurante».
Por su parte, el dueño del establecimiento, José Antonio Sánchez, que ya tenía abierto un proceso judicial contra el anterior propietario del mismo, ha presentado una querella contra el alcalde, Jaime Albero (PSOE), dos concejales más socialistas: Eva Delgado y Esther Iborra; Santiago Román, de Ciudadanos, así como la actual secretaria del Ayuntamiento, técnicos municipales y vecinos residentes de una comunidad cercana al establecimiento por «falsedad de documento público y prevaricación».
El origen judicial de este procedimiento es una acusación de estafa del actual propietario del negocio contra el anterior dueño por un «doble engaño» respecto a la licencia. José Antonio Sánchez, propietario único de la sociedad concesionaria, sostiene que compró la concesión por un precio y libre de cargas cuando la realidad es que la empresa tenía deudas con la administración local. Según indica el querellante, una vez subsanadas las cargas económicas, el Ayuntamiento le aseguró que la licencia comprada permitía la celebración de banquetes, bodas y demás eventos «tal y como había estado haciendo el anterior dueño durante años».
«Yo pedí tramitar los eventos conforme lo hacía el otro dueño y los arquitectos municipales y demás trabajadores me dieron el visto bueno (...) y tuve la palabra de que la licencia permitía la actividad que yo había comprado», dice Sánchez. La última determinación de la corporación fue aprobar por unanimidad la suspensión de la actividad y revisar de oficio la licencia otorgada al establecimiento, algo que el empresario considera «ilegal» y lo achaca a «intereses políticos».
Informes
La administración local se apoya en los informes técnicos y avalados por los trabajadores municipales. Fuentes del Ayuntamiento insisten en que «está plenamente justificada la suspensión inmediata de la actividad» y que «la concesión en vigor se ajusta a un negocio hostelero que incluye el servicio de restauración y difusión cultural-gastronómica (...) pero que el concesionario ha dejado de desarrollar las actividades de formación, incumpliendo claramente la concesión: lleva años sin presentar el programa de actividades que justifican su licencia, que se considera de restaurante». El alcalde, Jaime Albero (PSOE), rechaza que el acuerdo plenario sea «ilegal» y recuerda que todas las acciones se han hecho en base a criterios de los técnicos.
El actual propietario denuncia que el Ayuntamiento ha comenzado «una cruzada» contra su establecimiento y defiende la legalidad de su actividad porque «no contamos con actas levantadas en cuanto a música por sobrepasar los decibelios máximos permitidos y ni una sola en que quede acreditado el tema de humos.
Habla directamente de «presiones políticas». «Tengo a la Policía día sí y día también levantando actas en mi negocio, y más cuando existe una cautelar emitida por un juzgado de lo contencioso sobre la actividad de la finca», añade el propietario. Comunidades de vecinos han denunciado públicamente los problemas que sufren respecto a los eventos que organiza la finca, con «excesos de horarios y ruidos». El Ayuntamiento es conocedor de todas estas quejas.
