La ordenanza reguladora para la adjudicación y uso de las viviendas de emergencia social del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ya se encuentra aprobada de manera definitiva. De esta forma, las personas del municipio que requieran optar a uno de los seis inmuebles de propiedad pública ya pueden hacer su solicitud a la administración local.
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el texto definitivo de la ordenanza elaborada para regular el uso de las viviendas adquiridas durante los últimos años por el Ayuntamiento para emergencia social después de estar durante un mes en exposición pública. Por su parte, la oposición, aunque celebra ya la puesta en marcha de la normativa, condena la tardanza y que el proceso se haya dilatado dos años. El plazo para presentar la solicitud es de dos meses. Tal y como han informado fuentes municipales, «con las peticiones recibidas se realizará un listado priorizado de acuerdo a los criterios de valoración de la ordenanza».
El plazo estará a abierto todo el año y todas las solicitudes recibidas serán evaluadas de acuerdo a los criterios, y la adjudicación de las viviendas se realizará atendiendo a la disponibilidad de los inmuebles en cada momento, priorizando las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación.
La concejal de Bienestar Social y Vivienda, Isabel Candela (PSOE), ha señalado que «esta ordenanza es el fruto del arduo trabajo realizado para que las viviendas que posee el Ayuntamiento no permanecieran más tiempo sin ser utilizadas. Sabemos del grave problema habitacional que tiene San Vicente y por ello nos encontramos trabajando en la adquisición de una nueva vivienda antes de que finalice 2020».
La ordenanza que ya está en vigor recoge el procedimiento de adjudicación y utilización para que accedan las familias con mayor riesgo de exclusión social, favoreciendo procesos de inserción personal, de convivencia y sociales. Podrán beneficiarse, entre otros casos, personas que han sufrido un desahucio, situaciones de hacinamiento, conflictos de convivencia, deficientes condiciones de habitabilidad, haber sufrido un incendio y no tener dónde recurrir. El proceso de compra de las seis viviendas sociales se inició en el anterior mandato. En 2018 se formalizó la adquisición de cinco de ellas y desde entonces están pendientes de uso.
Por su parte, los grupos de la oposición critican la tardanza. «Celebramos que ya sea una realidad. En Cs lo que queríamos es que se pusiera en uso lo antes posible. Ha llegado tarde, pero ahora esperamos que el bipartito aproveche los 150.000 euros para sumar otras tantas y así llegar a más gente», expone Mariela Torregrosa (Cs). Mientras, el portavoz del PP, Óscar Lillo, dice que «pleno tras pleno, el PP ha ido reclamándolo, porque este era un tema muy urgente y prioritario», y critica que «en estos procedimientos no se puede estar tanto tiempo cambiando de criterio, modificando y retocando». «Lo importante es que las familias ya pueden hacer las solicitudes».
