El Campello aprueba la reclamación de medidas de garantía frente a la ocupación ilegal

La moción, presentada por el grupo municipal Ciudadanos, a la que se adhirió la portavoz de VOX, Mª José Sañudo, fue expuesta por el concejal de Contratación, Javier Martín (Cs) y contó con los votos favorables de los grupos políticos que forman la coalición de gobierno (PP, Cs, Vox), las abstenciones de PSVP y RED y los votos en contra de Compromís y Podem.

De esta manera, Javier Martín (Cs), defendía en la moción el derecho a la propiedad privada como parte de la “arquitectura institucional de los Estados de Derecho”, ya que “si las víctimas de los desahucios merecen toda nuestra protección, las ocupaciones ilegales de viviendas merecen todo nuestro reproche, porque es un acto que han de rechazar los poderes públicos y convierte a los propietarios y a los vecinos en víctimas”.

Además, el edil de Contratación exponía, a través de su proposición que, para hacer frente al problema que representa la ocupación, los ayuntamientos deben tener las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. “Sería ilógico que aquella administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas”, recogía la moción.

ACUERDOS

Con la aprobación de esta propuesta, el Ayuntamiento acuerda, entre otras acciones, instar tanto al Consell como al Gobierno Central y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales necesarias para defender la propiedad privada.

Luchar contra la ocupación ilegal de viviendas “reforzando las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo, así como potenciar la cooperación entre Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia, para asegurar una rápida actuación ante las ocupaciones ilegales.

Además, se instará a la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases Reguladoras del Régimen Local, al objeto de que la ocupación ilegal del inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal, siendo considerada nula, dándose por los ayuntamientos de baja de oficio a instancia del propietario o poseedor legítimo, así como endurecer las sanciones penales y una campaña informativa por parte de este Ayuntamiento que aborde los derechos de los afectados ante las diferentes modalidades de ocupación ilegal.