«Nuestro calvario comenzó en noviembre, cuando llegamos a la casa y la habían «okupado». Así comienza el relato desgarrador de Rosa (nombre ficticio), una mujer de San Vicente del Raspeig que asegura estar viviendo una pesadilla desde hace meses. Ella y su marido están jubilados y reconoce que la situación que están viviendo les está afectando a su vida diaria.
Se reconoce viviendo en el mundo al revés, en el que ni siquiera puede pasar por la puerta de la que era y sigue siendo su casa por miedo a que los ocupantes ilegales la denuncien a ella «por sentirse acosados».
En San Vicente del Raspeig hay un problema de «okupación» de viviendas que no se circunscribe a zonas más humildes, como el barrio de Santa Isabel. En todo el municipio hay «okupas», y en algunos casos, quienes se introducen ilegalmente en la vivienda y cambian la cerradura lo hacen para luego cobrar a otros. Así lo constataba hace unos meses la propia Plataforma Antidesahucios Raspeig, que defiende que no se puede usurpar la casa de ninguna persona.
La de Rosa se encuentra en pleno centro de San Vicente del Raspeig. La mujer asegura que antes de que se metieran en ella, todas las semanas o cada diez días acudían a la vivienda para limpiarla y adecentarla para que se mantuviera en condiciones. «Íbamos y barríamos y limpiábamos, porque una casa cerrada no puede estar», confiesa. Ahora, lamenta que no sabe en qué condiciones está su vivienda, y sufre de pensar en la situación en la que se la va a encontrar cuando consiga recuperarla.
Una mañana de noviembre acudió a la casa y el corazón le dio un vuelco cuando trató de abrir con la llave y descubrió que la cerradura había sido cambiada. En ese momento intuyó lo que le había pasado, que unos «okupas» se le habían colado en su vivienda. «Aquel momento fue como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza», cuenta Rosa, que explica la gran sensación de impotencia que le produjo esa situación y que le sigue produciendo hoy al no poder entrar en su propiedad.
Su primera reacción fue llamar a la Guardia Civil para denunciar lo que les había ocurrido. Presentaron una denuncia y la Benemérita les dijo que iban a identificar a las personas que se habían colado en su casa.
Lo siguiente que ocurrió es que les recomendaron que no se acercasen por las inmediaciones del inmueble «porque nos decían que si se sentían acosados, los ocupantes nos podrían denunciar».
Uno de los aspectos que la pareja lleva peor es el hecho de tener que seguir pagando los gastos que genera la casa. Un pago que se ha multiplicado y que es una losa para la pareja de jubilados. Rosa asegura que desde noviembre ha pagado facturas de electricidad por un importe global de 1.300 euros. «Deben estar viviendo muy bien porque nos llegan facturas de entre 90 y 200 euros. La última ha sido de 200 y pico», lamenta. «Y no les puedes cortar la luz, porque entonces se sienten acosados», insiste.
La pareja sigue pagando religiosamente todos los gastos que conlleva la vivienda, impuestos como el IBI, y con temor esperan la factura del agua. «Con esto del coronavirus todavía no han podido entrar a leer el contador», explica Rosa, quien reconoce que esta situación le quita el sueño y le produce verdaderos ataques de ansiedad.
La tensión es máxima cada día porque temen que lleguen facturas imprevistas relacionadas con la vivienda. «Entran en tu casa y te tienes que aguantar. Es una situación de muchísima impotencia, de agobio y desesperación», relata la afectada.
No pueden pensar por el momento qué van a hacer con la casa. Explica que habían pensado en venderla y también habían valorado mudarse allí para vivir en el centro de San Vicente. Ahora no pueden hacer planes y sí vivir con tensión y la incertidumbre de no saber en qué condiciones va a quedar su vivienda cuando logren que sus «okupas» se marchen. «Ni podemos venderla ni alquilarla», admite. «No sabemos quién se ha metido, no hemos llamado a la puerta, pero no es gente conocida», cuenta la afectada. Y confiesa que «es una situación de sufrimiento e impotencia. Me paso todo el día y toda la noche pensando. Lo estamos pasando muy mal».
Ciudadanos propone mediante una moción un plan municipal contra la «okupación» ilegal
Apuestan por crear un censo de casas ocupadas, reforzar la seguridad y la vigilancia y dar asesoramiento jurídico
Reforzar la seguridad y la vigilancia frente a la ocupación ilegal, poner a disposición de los propietarios afectados un servicio de asesoramiento jurídico, elaborar un censo municipal de viviendas ocupadas para realizar un seguimiento y control que permita prevenir posibles conflictos vecinales y nuevas ocupaciones, o elaborar una guía de actuación para prevenir la ocupación ilegal de inmuebles vacíos. Estas son algunas de las propuestas que plantea el grupo municipal de Ciudadanos San Vicente, que presenta al pleno del miércoles una moción en la que propone un plan municipal contra la okupación ilegal que facilite la devolución de los inmuebles a sus propietarios legítimos.
La concejala de Cs Mariela Torregrosa explica que «los ayuntamientos necesitan más herramientas para prevenir y actuar, ante la indefensión que sufren los propietarios cuando intentan recuperar su vivienda ocupada».
«También planteamos que se mejore la coordinación entre la Policía Local y las Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan actuar con mayor eficacia para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones ilegales que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas en aquellas intervenciones requeridas por la administración de Justicia», añade la edil. Torregrosa ha afirmado que «la ocupación ilegal de viviendas es un problema también en San Vicente, que a menudo provoca conflictos de convivencia entre vecinos y que afecta especialmente a los propietarios que ven cómo su casa es 'okupada' de forma ilegal y se sienten totalmente indefensos ante las dificultades y el coste que les supone recuperar su propiedad».
