El juzgado ha aceptado a trámite el recurso de Esquerra Unida contra el archivo de la investigación sobre un presunto trato de favor de la exedil de Urbanismo, Mari Carmen de Lamo, hacia un familiar. La formación ha informado hoy que el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado el pasado 11 de mayo, "en el que explicamos la necesidad de continuar con las diligencias ante los racionales indicios de delitos que seguimos manteniendo sobre la causa".

Una vez admitido a trámite, será la Audiencia Provincial la que dictamine sobre un contenido, después de que el primera instancia el magistrado del Juzgado número 8 archivara la causa con un contundente auto fechado el 11 de marzo, al no hallar incidios de delito, ya que considera que la exsecretaria general de Podemos y exconcejal de su marca blanca, el Partido del Campello, no maniobró para beneficiar a su familiar, tal y como ya informó este medio hace unos días. Un archivo que por otra parte ha celebrado Podemos, que ha reclamado la dimisión de Pardo.

Desde EU explican que hicieron "lo que toda formación política y cargo público tiene como obligación: ante fundamentos de un posible delito es obligación comunicarlo, independientemente del color político de quién lo haya cometido, aunque venga de un partido cercano. Y así hicimos. Tras una consulta jurídica, presentamos una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción quien, al estudiar el caso, estimó que existían indicios constitutivos de delito, presentando su denuncia en el juzgado de instrucción. Hasta ese momento únicamente formábamos parte dicha instrucción como testigos. Precisamente fue durante el desarrollo de la misma en el mes de marzo, cuando EU se personó. Tras comprobar en la propia sala que se estaba confundiendo el propio objeto de la denuncia inicial, EU quiso presentar más pruebas documentales y testificales que ayudaran a retomar el rumbo de la denuncia, pero el juez nos denegó dicha posibilidad. Dado que la resolución no es una sentencia, porque todavía no ha habido un juicio, solo una fase de instrucción, EU considera que todavía no tiene respuesta a si los indicios son constitutivos de delitos. Solo queremos que se juzguen determinadas actuaciones que tuvieron lugar en urbanismo, cuestión que no es nueva".

A este respecto, "EU quiere aclarar que la denuncia no es una cuestión política y más con una formación con la que cogobernamos en municipios, comunidades y a nivel de gobierno de Estado. EU lleva denunciando irregularidades cometidos en urbanismo de El Campello desde hace tiempo. Por ejemplo, en 2013, se condenó a un concejal de urbanismo del PP por negociaciones prohibidas al gestionar el urbanismo municipal en base a sus intereses personales. Esto fue resultado de una denuncia de EU y PSOE. Además, en reiteradas ocasiones ha solicitado una auditoría en plenos para precisamente poder limpiar de una vez por todas la imagen de urbanismo y la de la mayoría de sus técnicos y poder así construir El Campello en base a los intereses de la ciudadanía".

Y agrega que "entendemos que un partido político defienda a sus integrantes, porque la confianza es necesaria. Pero en este caso, es verdad que nos ha sorprendido su mutismo ante otras actuaciones de su concejala. Por ejemplo, en ningún momento exigió responsabilidades políticas a su concejala de Urbanismo que en reiteradas ocasiones intentó llevar adelante un proyecto de urbanizar un acantilado en Coveta, que Costas finalmente detuvo gracias a nuestra fiscalización, por no estar permitido. Ni tampoco, cuando daba el visto bueno a la construcción de un vial ilegal para posibilitar la construcción de dos chalets de lujo en Villa Marco. Estos hechos nos salen caros: probablemente supongan al Ayuntamiento una nueva indemnización ya que algunos están denunciados en el juzgado por los promotores. Dinero que saldrá de los impuestos del pueblo en lugar de ir destinados a paliar la crisis del covid-19. Y el elevado número de juicios que tiene el Ayuntamiento al año, es otro dato que nos alerta de que algo no funciona bien".

No obstante, "cada partido elige cómo actuar. En nuestro caso, pensamos que la instrucción se desvió del propio objeto de la denuncia inicial y por ello esta vez sí que se considera que la Audiencia Provincial debe juzgar los indicios y dar respuesta a si son constitutivos de delito o no", concluye EU.