EU, Ecologistas en Acción y 20 integrantes de la Asociación de Afectados por el Vertedero de Les Canyades han presentado recursos de alzada conjunto contra el permiso concedido por la Generalitat para la ampliación de la planta de basuras de El Campello.
Las tres entidades presentaron la pasada semana el mismo recurso simultáneamente contra la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que contempla las obras que FCC va a desarrollar en el complejo, con un coste de 20 millones aportados por esta empresa que gestiona las instalaciones y el Consorcio Mare, al que da servicio y que agrupa a los municipios de la Marina Alta, Marina Baixa y El Campello. Y lo hacen básando en deficiencias e incumplimientos que alertan no se ajustan a la legislación y que además en algunos aspectos no van a permitir hacer realidad uno de los grandes objetivos de esta actuación, que es acabar con los malos olores que soporta la población de la zona norte desde hace más de una década.
La empresa ha anunciado que va a subsanar unas deficiencias en la documentación aportada al Ayuntamiento para la concesión de la licencia de obras, después de que obtuviera la AAI, que era el último obstáculo para lograr el permiso para iniciar los trabajos. El Consistorio alertó a FCC hace unos días de que debía aclarar diversos aspectos y presentar nueva documentación, algo a lo que la empresa se ha mostrado dispuesta, con el objetivo de iniciar las obras en junio.
En el recurso ecologistas, EU y afectados alertan de que la modificación incumple distintos aspectos del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Los recurrentes consideran insuficiente la fianza inicial para garantizar la ejecución de la clausura y sellado del vertedero y el control ambiental durante como mínimo 30 años tras su clausura. Esta se mantiene en su valor original de 1.733.764,32 euros. "Esa cantidad es insuficiente para llevar a cabo las operaciones establecidas en el RD 1481/2001 tras el cese de las operaciones de vertido de residuos".
Por otra parte "la AAI declara exenta a FCC Medio Ambiente de la constitución de una garantía financiera en el punto 3.3 Responsabilidad Medioambiental, exigida por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental a los operadores de vertederos con una capacidad superior a 25.000 tn. En este caso no se dan las circunstancias de exención de la constitución de la garantía financiera establecidas en el artículo 28 de esa Ley, por lo que ese punto debe ser eliminado de la AAI".
Del mismo modo advierten de que "AAI impugnada no describe las mejores técnicas disponibles (MTD) utilizadas en la instalación y tampoco revisa la AAI para tener en cuenta el documento de conclusiones sobre las MTD" que establece la UE. Y también alerta de incompatibilidads urbanísticas, que la AAI no establece exigencias de estabilidad para el compost producido y que "el dimensionamiento del reactor 2 para tratar la fracción orgánica de recogida mezclada es insuficiente. Proseguir con el actual sistema de compostaje en meseta con volteo manual producirá importantes problemas de malos olores, que no se han solucionado en los últimos años".
Del mismo modo alertan que se ha aprobado en pleno estado de alarma, sin tener en cuenta la suspensión de plazos administrativos, que dificulta la participación pública y la presentación de recursos y movilización social.
