La Ordenanza municipal reguladora de la adjudicación y uso de las viviendas de emergencia social propiedad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ya tiene luz verde. Todos los grupos municipales, PSOE y EU en el equipo de Gobierno, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, Podemos y Compromís votaban por unanimidad aprobar inicialmente esta norma que supone regular quién podrá beneficiarse de una de estas viviendas y su uso.
Los trámites para la aprobación definitiva pasan ahora por su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y a continuación tiene un periodo de exposición pública.
Para llegar a este punto han sido necesarios más de dos años y la intervención de tres concejales, los ediles que en el anterior mandado ostentaban el área de Bienestar Social, primero David Navarro de Podemos, y luego Begoña Monllor de Compromís; y ahora de Isabel Candela, concejala del PSOE.
El Ayuntamiento cuenta con seis viviendas compradas hace dos años y sin uso desde entonces, lo que ha motivado los reproches de la oposición, exigiendo su utilización y especialmente en las circunstancias actuales.
Para ser usuarios de estas viviendas la normativa contempla dos situaciones de emergencia social. Por un lado, la Emergencia Social Manifiesta, la de personas que requieren una actuación urgente. Estas deberán acreditar que debido a su situación socioeconómica y laboral no han podido acceder a una vivienda de alquiler o pagar una hipoteca a lo largo del último año. Deberán acreditar que han realizado diferentes actuaciones para mejorar su situación o tener especiales dificultades.
El segundo caso es el de la Emergencia Social Sobrevenida y urgente, que requiera de una actuación urgente, familias que necesiten una casa vivienda por un riesgo inmediato que deberá acreditarse por un Informe Social en el que se ponga de manifiesto la situación de urgencia sobrevenida.
«Pretendemos darles ese espacio para recomponerse económicamente y que puedan optar por sus propios medios a una vivienda permanente», declara la concejal de Bienestar Social y Vivienda, Isabel Candela.
Las casas podrán usarse durante seis meses y tendrán una prórroga de otros seis meses más en el caso de necesidad.
