Las preguntas por escrito y orales durante los plenos municipales son una de las formas con las que la oposición fiscaliza la labor del equipo de gobierno. Una labor que ha quedado cercenada en San Vicente del Raspeig porque el pleno ordinario de febrero se alargó hasta la madrugada y pasada la una de la mañana se decidió cortar el pleno.
Las preguntas que plantean los grupos de la oposición quedaron sin respuesta y el equipo de gobierno se comprometió a contestarlas antes del viernes. Algo que no ha llegado a ocurrir y el grupo municipal del Partido Popular ha criticado el incumplimiento del compromiso.
El portavoz Popular, Óscar Lillo, explica que "concluida la parte de presentación y votación de mociones, estuvimos todos de acuerdo en dar término al pleno, con el compromiso de que nos serían enviadas las respuestas de los distintos concejales en el gobierno municipal, a las preguntas presentadas por escrito".
"El compromiso del equipo de gobierno fue el de enviar las respuestas por email para no alargar más la sesión plenaria, tras seis horas y media de duración. Dos días después el Partido Popular, sigue esperando respuestas a las preguntas que realizaron dentro de su labor de control y fiscalización", cuenta Lillo.
"Son respuestas que los concejales ya deben llevar preparadas a la sesión para que puedan ser escuchadas, tanto por los grupos municipales como por el público asistente. Por lo que lo lógico hubiera sido que el jueves las hubieran remitido a Secretaría y nos hubiesen sido remitidas a todos los grupos", matiza "pero no tenemos noticias al respecto, ni las necesarias respuestas para poder ejercer nuestro trabajo".
Lillo añade que la única concejala que ha mostrado su disposición a remitirlas a lo largo del fin de semana ha sido la Concejal de Educación, Belén Arques.
Los populares están esperando respuesta a sus preguntas sobre la aprobación del Reglamento de las Viviendas Sociales, "que sigue pendiente transcurridos dos años desde que fuera adquirida la primera vivienda social, cerrada y vacía a día de hoy, junto a las cinco compradas el pasado año".
Sobre la inclusión de las últimas solicitudes realizadas por los colegios para reparación o rehabilitación de sus instalaciones en el Plan Edificant, "que la Generalitad Valenciana, gestionada por el Botànic, sigue teniendo paralizado, y junto a ello, la construcción del nuevo Instituto de San Vicente o las obras a realizar en el CIPFP Canastell".
Otra de las pregutnas tiene que ver con el expediente sancionador contra la empresa adjudicataria de las últimas obras realizadas en el Auditorio, que ascienden a 43.000 euros debidio a los retrasos que se produjeron.
Así como por las quejas registradas por vecinos de San Vicente por malos olores, suciedad o excrementosde animales en distintas zonas de la localidad.
La comisión de quejas no se constituye
Los populares consideran también "lamentable" que la CESURE, la Comisión de Quejas y Sugerencias, un órgano de participación ciudadana, "lleva siete meses sin ser constituida y sin proporcionar datos desde la anterior legislatura, concretamente desde el último trimestre de 2018".
Lillo recrimina que "este es un claro ejemplo del nivel de transparencia municipal, que tanto demanda el concejal de Presidencia y Participación Ciudadana, José Luis Lorenzo, para cumplimentar la web de Transparencia con los datos de concejales y asesores, que por otra parte ya facilitamos al ocupar nuestros respectivos cargos".
El portavoz del PP apunta que piden "la misma contrapartida, cuando preguntamos sobre la gestión del nuevo canal de Telegram del Ayuntamiento o solicitamos una rápida respuesta a las preguntas del Pleno, que nos permitan realizar con total eficacia y sin traba alguna, el trabajo encomendado en las urnas por nuestros vecinos" puntualiza Óscar Lillo.
